La propuesta que es diferente a la presentada por la administración de Joe Biden en febrero pasado, no incluye la vía a la ciudadanía y forma parte del paquete presupuestario por 2 billones de dólares en iniciativas de gasto que reformarían la atención médica, la educación, el clima y las leyes de inmigración y fiscales.

Si la disposición es aprobada por el Senado, la medida permitiría a los indocumentados desde antes de 2011 hasta 10 años de autorización para trabajar, pero sin alcanzar la meta inicial de ofrecerles un camino a la ciudadanía.

La iniciativa de ley, que aún deberá sortear el voto del Senado, ha sido aprobada a sólo unas horas de celebrada la cumbre tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una defensa de la comunidad migrante.

Libertad condicional para reforma migratoria

La disposición ofrece una especie de exención a las leyes de inmigración, utilizando un proceso conocido como libertad condicional para permitir que las personas permanezcan en el país durante cinco años, con la opción de extenderla por otros cinco.

Aproximadamente 6.5 millones de personas se beneficiarían directamente de la medida, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Según ese análisis, alrededor de 3 millones de esas personas serían elegibles para pasar del estado de libertad condicional a la residencia legal permanente, el primer paso hacia la ciudadanía.

Las disposiciones sobre inmigración no alcanzan el propósito de los demócratas de proporcionar un camino hacia la ciudadanía a alrededor de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

El proyecto también incluye la recuperación de visas, evitando la pérdida de unas 222 mil de estos permisos familiares no utilizados y 157 mil visas basadas en el empleo, que expiraron al final del último año fiscal. La medida ayudará a retener las vías de inmigración para aquellos en el extranjero que a menudo esperan años para llegar a Estados Unidos.

En el centro del debate estaba la disputa sobre si los demócratas deberían impulsar un camino a la ciudadanía en el proyecto de ley o conformarse con la libertad condicional, sólo un respiro temporal de la aplicación de la ley para millones de inmigrantes.

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El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió una orden para detener las redadas de trabajadores inmigrantes en lugares de trabajo donde se emplean los indocumentados.

En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Mayorkas señaló como el verdadero problema a los “empleadores explotadores”, no a los trabajadores no autorizados.

“Bajo la administración anterior, estas operaciones intensivas en recursos resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores”, puntualizó el DHS sobre el cambio. Y agregó que las redadas “fueron utilizadas como una herramienta por los empleadores explotadores para reprimir.

La orden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para actualizar políticas para mejorar la aplicación de las normas laborales y de empleo, marca otro cambio contra las políticas de migración de la administración Donald Trump.

Además de detener las redadas masivas, apoya la idea de ejercer la discreción de la fiscalía para evitar que los trabajadores sean acusados si son testigos o son víctimas de abuso o explotación en el lugar de trabajo.

 ”No toleraremos empleadores sin escrúpulos que exploten a trabajadores no autorizados, realicen actividades ilegales o impongan condiciones de trabajo inseguras”, concluyó.

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