Los derechos que se violentaron a la interna fallecida por negligencia, son el Derecho a la protección de la integridad física y moral del interno, Derecho a una estancia digna y segura en prisión y el Derecho a la atención de grupos especiales.

Esto sucedió luego de que el sábado, una reclusa del Cereso de Pachuca perdió la vida a causa de padecimientos previos que complicaron su salud. Tras este acontecimiento, sus familiares acusaron de negligencia a las autoridades del reclusorio, por no brindarle atención médica.

La fallecida de 46 años, identificada como Rocío “N”, que se encontraba presa desde 2021, tenía problemas de salud en los riñones y pulmones. Lo cual requería de atención médica especializada, pero únicamente era atendida por una enfermera.

Según sus familiares, en el Cereso de Pachuca no tienen los medicamentos para atender a los reos con enfermedades. Por lo cual, debían ir en horarios de visita para entregar las medicinas que le recetaban.

Sin embargo, la salud de la mujer, empeoró, y aunque tenía acceso a la valoración de un médico, le mencionó que debía ser hospitalizada, lo cual no ocurrió y falleció.

Esta razón derivó a la denuncia por negligencia, en contra de los directivos del penal, al negar la hospitalización y provocar su deceso.

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De la cantidad antes mencionada, el 80.7 por ciento culpó a los custodios. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, que aplicó el Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI), en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se detectó que un 40 por ciento, es víctima de los internos.

El 41.4 por ciento de los que confirmaron los actos de corrupción, mencionaron que la cantidad que tuvieron que pagar fue mayor a 3 mil pesos.

Por otro lado, el 30.6 por ciento indicó que tuvieron que desembolsar entre 501 y 3 mil pesos. Pese a ello, el 95 por ciento no denunció.   

En el análisis de los datos, se descubrió que el Centro de Reinserción Social de Pachuca, es donde existen las prácticas de corrupción de manera frecuente. De los encuestados, 214 confirmaron un hecho. Y del total, solo nueve personas denunciaron, es decir, el 95.5 por ciento decidió callar. 

En la entidad hidalguense, se encontró que la asignación de celdas a otros internos, es la principal acción de autogobierno ejercido en los reclusorios. Un 16.4 por ciento aceptó que participa o ha presenciado esto; el manejo de las llaves de celdas es la segunda actividad detectada con 14.4 por ciento.

Por otro lado, el cobro de bienes y servicios, como regadera, camas y teléfonos, tiene un 12.1 por ciento. Mientras tanto el manejo de llaves e imposición de sanciones tiene el 11 por ciento.    

Durante junio de 2020 y julio de 2021, la población en los reclusorios de Hidalgo, es de 4 mil 620 personas. Destacan, que el 51.7 por ciento vive en centros de reinserción social mixtos, con sus separaciones. Y 2 mil 390 hombres están en espacios para masculinos y 172 mujeres están en unidades femeninas. 

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En Hidalgo, existen 15 reclusorios, con capacidad de 3 mil 569 reos. Sin embargo, hay mil 55 personas más, lo que ocasiona una saturación de 29.5 por ciento.

Los otros siete estados con más sobrepoblación penitenciaria son Estado de México, Puebla, Durango, Morelos, Chihuahua, Sonora y Tabasco. Contrario a Michoacán, Sinaloa, Colima, Tamaulipas y Baja California, que tienen los menores porcentajes de cupo en sus reclusorios.

De las 15 cárceles de Hidalgo, las que registran mayor población son de Ixmiquilpan, con 160 por ciento; Mixquiahuala, con 157; Apan, con 91; Tulancingo, con 69, y Huichapan, con 62.

Además, la organización México Evalúa, indica que el robo es el delito con mayor incidencia. Por lo cual, podría saturar el sistema de justicia. Es por ello que se necesitan políticas públicas enfocadas en su atención. Con el objetivo de priorizar y asignar suficientes recursos a otros delitos, como homicidio, feminicidio, violación, desaparición y extorsión.

De igual manera, la organización propone analizar si todos los delitos merecen la privación de la libertad, o si es mejor, el uso de otros métodos de sanción, para continuar con el proceso penal y el sistema de ejecución.

México Evalúa, también, estima que el país, tiene poca cantidad de policías, investigadores fiscales, juzgadores y espacio en los Centros de Readaptación Social. Y cuestiona cuál es la forma más viable y efectiva de ocupar estos recursos y si la cárcel es la mejor manera de eliminar la impunidad.

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