La estrecha dependencia de terceros países para frenar la inmigración dirigida a la UE se ha convertido en un arma de doble filo que agita a todo el club comunitario. En apenas dos años, el bloque europeo se ha enfrentado a la entrada de inmigrantes irregulares promovida de manera más o menos velada por Bielorrusia, Marruecos y Turquía con el objetivo de obtener réditos políticos y económicos.

El uso con tales fines de los flujos migratorios no es ni mucho menos nuevo, pero vive hoy un momento particularmente intenso. Refugiados y migrantes se han convertido en moneda de cambio, y esto, apuntan los expertos, deriva en buena medida del excesivo peso que Europa otorga a Estados vecinos en la gestión de las fronteras.

Un año después de presentar el nuevo pacto europeo de migración y asilo, la hoja de ruta que debe guiar la política migratoria en la UE, la Comisión Europea alertaba la semana pasada de un acontecimiento “preocupante: la instrumentalización de la migración para desestabilizar a la Unión y a sus Estados miembros”.

Una advertencia que tendrán muy presente los ministros de Interior en la reunión que celebrarán este viernes en Bruselas. Allí tratarán de acercar posturas sobre los múltiples asuntos de la agenda migratoria que están encima de la mesa, solo un día después de que una demoledora investigación, publicada por el semanario alemán Der Spiegel, revelara expulsiones en caliente hacia Bosnia por parte de Grecia y Croacia, un extremo que los gobiernos de ambos países han negado.

Los riesgos de este efecto bumerán para los intereses europeos son diversos. Además de la relación de dependencia que permite a estos Estados utilizar la baza migratoria para lograr ciertos objetivos en su relación con la UE, Blanca Garcés, investigadora del think tank catalán Centro Internacional de Documentación de Barcelona (Cidob), añade dos peligros.

“En primer lugar, dejamos en manos de países que no garantizan los derechos humanos el cumplimiento del derecho internacional de protección a los refugiados. En segundo lugar, Europa pierde capacidad de ser crítica con ellos, porque son socios fundamentales para reducir las llegadas irregulares”.

Marruecos y Turquía saben que cuentan con un as bajo la manga. Así ha quedado patente en varias ocasiones, la última de ellas en mayo pasado, cuando más de 8.000 inmigrantes entraron en Ceuta, la mayoría de ellos a nado a través de los espigones fronterizos. La inacción de Rabat, que permitió el cruce, se produjo en un contexto de malestar con España por haber permitido la entrada del líder del Frente Polisario Brahim Gali aquejado de covid y tras unos meses de batalla diplomática en toda la UE para que acepte la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

También el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pone esa carta, la de la inmigración regular, sobre la mesa de manera recurrente: para que cesen las críticas por el ataque a las milicias kurdas en Siria, para acallar las voces que le acusan de un creciente autoritarismo o para reclamar el dinero que la UE le suministra a cambio de acoger en su territorio a cerca ya de cuatro millones de refugiados sirios.

Más al norte, la Comisión Europea advertía en su último informe del caso de Bielorrusia, que en junio de 2021 organizó “el tráfico ilícito de migrantes hacia la UE”. Primero a Lituania; después a Polonia y a Letonia. El objetivo: ejercer presión por las sanciones impuestas por los Veintisiete, que se suman a las aplicadas por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

“El caso de Bielorrusia es distinto, porque no ha sido utilizado como un país de tránsito”, apunta por teléfono Philippe de Bruycker, profesor de la Universidad Libre de Bruselas especializado en migraciones y asilo. “Pero el régimen de Aleksandr Lukashenko ha entendido que podía utilizar la inmigración como un arma política”.

La inmigración irregular, analiza Garcés, “es una de las cuestiones que más asusta, o al menos así se presenta, en el seno de la UE”. Sin embargo, “las entradas irregulares ya no son un problema, tal como reconoce la propia Comisión; las cifras de unas 100.000 llegadas en 2019 son irrisorias”, afirma en comparación con las de 2015, cuando aproximadamente 1,8 millones de personas accedieron al club comunitario.

“La inmigración es el chivo expiatorio de otras crisis que sufre la Unión como la del Estado de bienestar, la económica, la climática…”, sostiene Garcés. Pero la retórica nacionalpopulista en auge en demasiados puntos de la geografía comunitaria ha hecho de la migración una de sus grandes banderas políticas.

España tiene mucho que decir, pero sus demandas no son atendidas. “La perspectiva española es desde hace años obtener más ayuda de la UE, no en términos únicamente de recursos, sino sobre todo en el reparto de la acogida de las personas que llegan”. La idea es la misma, continúa Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano, que plantea Italia: “Estar ubicados en el Mediterráneo no nos hace los únicos responsables de acoger a los migrantes, puesto que tanto España como Italia pertenecen al espacio Schengen”.

Las alternativas a la externalización de la política migratoria, que pone a la Unión en una posición de debilidad frente a las estrategias de presión, son evidentes para Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid: “Abrir vías seguras y legales de tránsito”, de forma que la lucha contra los flujos irregulares resulte más creíble y legítima.

Hay, reivindica la experta, múltiples mecanismos que ya existen: la concesión de visados de trabajo y de residencia desde el origen, así como la apertura de corredores humanitarios y concesión de visados humanitarios para los refugiados.

“No habría que innovar en términos de políticas, sino aplicar herramientas que lamentablemente los Estados no quieren utilizar”.

La solución también pasa, según los expertos consultados, por profundizar las relaciones diplomáticas, fomentar la colaboración institucional y policial, y tejer acuerdos económicos para el desarrollo de estos países, señalan los expertos. Sin olvidar, alerta De Bruycker, de la Universidad Libre de Bruselas, que el país que no permite formular demandas de asilo falta al derecho europeo e internacional.

“Utilizar a personas migrantes para enviarlas a otros países es inhumano y degradante”, critica. “Pero del lado de la UE, no aportar ayuda humanitaria a estos inmigrantes es posiblemente una violación del Convenio de Ginebra

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Boris Johnson ha decidido rearmarse de ideología para responder al aluvión de críticas al que debe hacer frente estos días su Gobierno. Por primera vez a lo largo de una semana en la que las gasolineras e han quedado sin combustible y miles de británicos han expresado su malestar con la situación, el primer ministro ha admitido que el Brexit tiene algo que ver con que la crisis sea más drástica en el Reino Unido que en otros países europeos.

Pero no habrá marcha atrás. “La solución no pasa por abrir el grifo de nuevo de una inmigración incontrolada, para permitir que enormes cantidades de personas se encarguen del trabajo que hay que hacer”, ha advertido Johnson en una entrevista con la BBC.

Este domingo ha arrancado oficialmente el congreso anual del Partido Conservador en la ciudad de Mánchester. Sobre el papel era la oportunidad perfecta para rearmar el mensaje de la formación, cuando el Reino Unido comienza a salir de la pandemia. Johnson confiaba en aprovechar el cónclave político para lanzar su mensaje de “nivelación hacia arriba” del país.

Más inversiones y gasto en el norte y el centro de Inglaterra, el llamado “muro rojo”, donde en diciembre de 2019 miles de votantes laboristas decidieron cambiar de bando. En cambio, el partido celebra su congreso al final de una semana de caos, en la que la mayoría de estaciones de servicio de todo el país ha tenido que cerrar por falta de combustible.

Una semana en la que Downing Street se ha visto obligada a echar mano del ejercito, hasta 200 soldados que comenzarán a desplegarse este lunes para suplir la falta de conductores de camiones  cisterna. Una semana en la que han tenido que suspenderse las leyes nacionales de competencia para que las grandes petroleras acordaran entre sí la estrategia para distribuir gasolina y diésel por todo el país. Y una semana en la que Johnson, en contra de sus principios, ha debido “aparcar” el Brexit y permitir la entrada de trabajadores de la UE al país. Hasta 5.000 visados temporales para camioneros, en un intento desesperado por acelerar el reparto de suministros y evitar unas Navidades políticamente desastrosas.

En las horas previas al congreso del Partido Conservador, sin embargo, Johnson ha hecho de la necesidad virtud. Ha culpado de todo lo que está sucediendo a un “sistema roto” de producción que el Brexit ha venido a solucionar, aunque a corto plazo provoque la clásica “fiebre de crecimiento”.

“Cuando la gente respaldó el cambio en 2016 [con la victoria del Brexit en el referéndum], y cuando de nuevo apoyó mayoritariamente al Partido Conservador en 2019, votaron para poner fin a un modelo económico averiado del Reino Unido, que se basaba exclusivamente en salarios bajos, empleo poco cualificado y una baja productividad crónica. Ahora nos estamos alejando de todo eso”, ha asegurado Johnson.

Ese ha sido el pulso sostenido por el Gobierno conservador desde que, a principios de 2021, aprobó su nueva Ley de Inmigración. Culminado el Brexit, su principal promesa era acabar con la libertad de movimiento de personas que suponía la permanencia al club de la UE. Se instauró un sistema de puntos en el que los trabajadores comunitarios debían competir en igualdad de condiciones con los del resto del mundo.

Se impuso un salario mínimo de casi 30.000 euros anuales para poder obtener visado y permiso de trabajo. “Los empresarios del Reino Unido deberán adaptarse y ajustarse al fin del libre movimiento de personas. No perseguimos que el resultado del sistema de puntos reproduzca la situación actual.

Es importante que los empleadores dejen de apoyarse en la política de inmigración como alternativa a la necesidad de retener a los trabajadores, aumentar la productividad e invertir más en tecnología y automatización”, decía el documento de Downing Street con las líneas generales de la nueva política.

Recuperación

El resultado, al salir de la pandemia y encarar la recuperación con las manos atadas por el Brexit, ha sido la tormenta perfecta. Tanto Johnson como su ministro de Economía, Rishi Sunak, ya han admitido que habrá problemas de abastecimiento durante las Navidades. “Va a haber un periodo de ajuste [después del Brexit], pero es lo que necesitamos”, ha dicho el primer ministro.

Faltan carniceros, matarifes, camioneros, recolectores, personal de limpieza y mantenimiento en los hoteles, camareros en los restaurantes y obreros en la construcción. La principal patronal del país, CBI, ha reclamado al Gobierno de Johnson que permita la solución a corto plazo de una mayor inmigración, mientras los empresarios trabajan a medio y largo plazo en invertir en formación y bienes de equipo, y en ir aumentando los salarios.

“Tomaremos medidas prudentes, entre las que podemos incluir una cierta inmigración controlada, como haría cualquier Gobierno sensato”, admitía Johnson durante una comparecencia en un club juvenil de Mánchester, “La inmigración es algo fantástico. A lo largo de los siglos, todos descendemos de uno u otro modo de inmigrantes, pero es algo que debe ser controlado”, advertía el primer ministro.

Todo apunta a que los 5.000 visados para camioneros de la UE -a la espera de ver cuántos responden realmente a la llamada-, junto con los 5.500 para trabajadores de la industria avícola -para asegurar el suministro de pavos en Navidades- serán la última concesión de un Gobierno conservador dispuesto a echar un pulso a los empresarios. “Depende de ellos básicamente dar con una solución”, ha dicho Johnson.

Los conservadores dan inicio a su congreso con la aprobación de la mayor subida de impuestos en un par de décadas y un país que se dispone a afrontar carencias de suministros en los próximos meses, pero convencidos de que el Brexit es lo mejor que le ha pasado al Reino Unido en su historia reciente.

Tensión entre los ‘tories’ por la subida de impuestos

En el inicio del congreso anual del partido, varios dirigentes tories, empezando por el primer ministro Boris Johnson, justificaban la decisión de aprobar la subida de impuestos adoptada por el Gobierno de mes pasado para financiar 12.000 millones de libras (14.000 millones de euros) de gasto en prestaciones sociales y sanitarias. “Ninguno de nosotros quiere la subida de impuestos, somos el partido de la baja fiscalidad”, insistía la ministra de Exteriores, Liz Truss.

Pero resulta evidente que la decisión ha incomodado a muchos de sus responsables, que advierten que la medida no puede repetirse. El jefe de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg, insistía en que “los impuestos ya se encuentran en el nivel más alto desde la guerra” y “en el límite superior de lo razonable de la presión fiscal”, justo cuando el titular de Economía Rishi Sunak está terminando de perfilar los Presupuestos para el próximo ejercicio, que presentará a final de mes.
Un compromiso que el propio Johnson evitó asumir. “No queremos subir los impuestos, claro que no, pero lo que no vamos a hacer es ser irresponsables con las finanzas públicas”, declaró a la BBC. “Si puedo evitarlo, no quiero volver a subir los impuestos”, fue lo máximo que acertó a prometer más allá de su “compromiso emocional” de que no quiere aprobar nuevos incrementos.

Lo que tampoco parece tan claro es otra de las promesas conservadoras sobre el Brexit, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Ante las reticencias de Washington a abrir negociaciones, la ministra Truss restaba importancia al pacto al asegurar que no es ni “el todo ni el final” de los acuerdos comerciales.

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