La primera tienda legal de marihuana con fines recreativos abrió en Nueva York, mientras que cientos de personas, sin importarles las bajas temperaturas, esperaron en la larga fila para entrar.

“Hemos comprado gomitas y un vapeador”

Dijeron Jhon y Jay al salir del local Housing Works Cannabis, situado en la parte baja de la Avenida Broadway, que está operado por la ONG Housing Works, que ofrece servicios a personas enfermas de sida, vagabundos y antiguos presos.

Jhon, quien no quiso dar su apellido, comentó que de joven nunca se hubiera imaginado que la marihuana sería legal.

“Fumábamos desde la escuela secundaria y la universidad, han pasado más de 20 años desde entonces y por fin podemos ir a una tienda y comprar marihuana”, dijo Jay.

La tienda abrió oficialmente al público mayor de 21 años este jueves a las 4.20 de la tarde, un guiño al “4.20”, el popular número relacionado con la marihuana.

“Dos mil personas han confirmado su asistencia. Tenemos que hacer lo mejor que podamos para venderle a cada persona que venga. Tienen que traer efectivo porque todavía no podemos aceptar tarjetas de débito”

Director ejecutivo de Housing Works, Charles King.

Señaló que la razón por la que no pueden aceptar tarjetas de crédito es porque “el cannabis aún no es legal a nivel federal“, pero dijo que en una semana habilitarán un sistema para que aceptar tarjetas de débito.

En la larga fila para entrar al local sonaba reggae y más de uno fumaba ya marihuana mientras esperaba su turno.

Nueva York se unió en marzo de 2021 a los estados en EU que han legalizado el consumo de marihuana, pero hasta este jueves no había tiendas en las que se podía comprar cannabis legalmente.

Casi al final de la fila, Tim dijo que está dispuesto a esperar el tiempo, ya que se trata de un día “histórico” y que de ahora en adelante solo comprará marihuana en este tipo de establecimientos.

Las autoridades habían prometido la apertura de los dispensarios de marihuana a finales de año, pero el proceso de regulación se alargó más de lo previsto y, al final, solo se inaugurará esta tienda mientras continúa el proceso de concesión de licencias.

Según el comunicado publicado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, 280 familias de agricultores han recibido permisos para cultivar la planta, que se venderá en locales:

“operados por empresarios de éxito que hayan sido encarcelados por cuestiones relacionadas con el cannabis, o tengan un familiar en estas circunstancias, así como por ONG que ayuden a individuos que hayan sufrido desigualdad en la represión durante la prohibición de esta droga”.

“Hasta la fecha, la Junta de Control de Cannabis del Estado de Nueva York ha aprobado 36 Licencias de Dispensario Minorista de Uso Condicional para Adultos, incluidas 28 para empresas que reúnen los requisitos y 8 para organizaciones sin fines de lucro”, añade el comunicado.

No obstante, desde la legalización se ha popularizado en la Gran Manzana la venta de esta sustancia y sus derivados en locales sin licencia y en las calles.

La Oficina de Gestión de Cannabis y la oficina del alcalde están cumpliendo su palabra de disminuir la cantidad de competidores ilegales para que tengamos una oportunidad de luchar.

“Nosotros no estamos vendiendo productos adulterados y no podemos decir lo mismo de ellos. No vendemos a menores de edad, y estamos pagando nuestros impuestos”, resaltó King.

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Denunciarán al Ejército mexicano por espionaje

En conferencia de prensa, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, señaló que presentarán la denuncia.

Lo anterior a pesar de que no creen que la fiscalía conduzca las investigaciones “con independencia y profesionalismo”.

“Esta desconfianza no es gratuita, sino está justificada en la experiencia de más de cinco años de investigación sobre el espionaje perpetrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin que hasta la fecha se haya esclarecido total y absolutamente el caso’’, aseguró Maldonado.

Al mismo tiempo, sostuvo que las pruebas indican que estos actos se cometieron directamente por las Fuerzas Armadas.

Esto de acuerdo a la investigación que realizaron las organizaciones, los periodistas y el activista.

“En México, el Ejército espía. Múltiples indicios apuntan con una alta probabilidad que se encuentra detrás de los ataques con Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos documentadas en este informe”, afirmó.

En este sentido, Maldonado sostuvo que “estamos frente a dos escenarios: uno es que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al asegurar que esto ya no iba a suceder, o que las Fuerzas Armadas están espiando a espaldas del comandante supremo”.

Nota relacionada: AMLO niega espionaje de la Sedena con el software Pegasus

Por otra parte, el periodista Ricardo Raphael, señaló que ninguno de las personas que espiaron representa una amenaza, y ni siquiera se les puede imputar algún delito.

Además, acusó a las Fuerzas Armadas de entregar la información obtenida a través de espionaje a Isabel Miranda de Wallace para que la activista pudiera usar estos datos en su contra.

El periodista expuso que “esa información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la pudiera publicar y para que la usara en mi contra en una denuncia que fue presentada ante la FGR”.

Además, Raphael declaró que no solo él fue víctima, ya que su hijo de 12 años también recibió mensajes en su teléfono con el propósito de infectarlo con el software.

“Ligamos directamente, por las fechas, este mensaje dejado en el celular de un menor como una amenaza ligada a lo que estamos hablando. Diría Beatriz Gutiérrez Müller, ‘con los niños no’, y ese es el mensaje a las Fuerzas Armadas”, sentenció.

Al mismo tiempo, Daniel Moreno, director del portal Animal Político, dio a conocer que el malware infectó a uno de los periodistas del medio.

Esto representó un daño para toda la redacción, ya que brindaba acceso a toda la información con la que contaba el medio.

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Espiar es un delito impune en México

Moreno advirtió que en México espiar es un delito impune, ya que no hay imputados por estos hechos, lo que a su vez permite que éste se siga llevando a cabo.

“Es ilegal y eso tenemos que subrayarlo. Es ilegal que se infectaran estos tres teléfonos. No porque estemos acostumbrados a la ilegalidad, olvidemos esto”, sostuvo el periodista.

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Finalmente, Raymundo Ramos, activista de derechos humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que también es víctima del espionaje, señaló que es:

“Increíble que sean los civiles los que están siendo investigados y no los criminales en el país”.

“¿No sería más fácil terminar con la impunidad del Ejército mexicano para que estos no sigan ocurriendo en todos los estados donde hay presencia militar? ¿No sería más fácil retirar al Ejército, capacitarlo?”, cuestionó el activista.

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Al menos 19 personas murieron en un ataque suicida en un centro de formación para estudiantes en Kabul, en un barrio donde vive la minoría hazara, escenario de algunos de los ataques más mortíferos en Afganistán en estos últimos años.

Este establecimiento prepara a estudiantes a sus exámenes de acceso a la universidad.

Videos colgados en redes sociales y las fotografías publicadas por medios locales muestran víctimas ensangrentadas que eran llevadas lejos del lugar.

La mayoría de las víctimas trasladadas a los hospitales eran mujeres.

Fueron desplegados equipos de seguridad en el lugar, mientras las familias acudían a los hospitales para buscar a sus allegados.

En al menos un hospital, los talibanes obligaron a las familias a abandonar el lugar, por temor a un nuevo ataque contra la multitud.

En las entradas de los establecimientos, se colgaron listas con los fallecidos y los heridos.

Objetivos civiles…

El portavoz del Ministerio de Interior, Nafy Takor, tuiteó previamente que el ataque se había producido en el centro educativo Kaj, adonde se habían desplazado equipos de seguridad.

El regreso al poder de los talibanes a Afganistán puso fin a dos décadas de guerra en el país y provocó una notable reducción de la violencia.

Los retos de seguridad siguen acechando al movimiento islamista.

Los chiitas hazaras arrastran décadas de persecución, también de los talibanes, acusados de atrocidades contra esta etnia en su primer periodo en el poder (1996-2001).

Ahora, los hazaras también son blanco recurrente de los ataques del principal enemigo talibán, el grupo islamista Estado Islámico (EI).

Ambos movimientos fundamentalistas los consideran herejes.

Este barrio del oeste de Kabul ha sido escenario de numerosos ataques, muchos contra niños, mujeres y escuelas.

En abril, dos explosiones en centros educativos de la zona mataron a seis personas e hirieron a 20.

Antes del retorno talibán, al menos 85 personas murieron, la mayoría chicas estudiantes, y unas 300 resultaron heridas por tres bombas que estallaron cerca de su escuela en Dasht-e-Barchi.

Ningún grupo reivindicó el ataque, pero un año antes el EI había asumido un ataque suicida en un establecimiento escolar de la zona que mató a 24 personas.

En mayo de 2020 también se responsabilizó al grupo por un ataque armado contra el departamento de maternidad de un hospital del barrio que mató a 25 personas.

La educación es una cuestión muy sensible en Afganistán. Los talibanes no permiten la apertura de los colegios secundarios para chicas, mientras que el EI se opone a cualquier formación para niñas y mujeres.

El atentado es “un recordatorio vergonzoso de la ineptitud y fracaso total de los talibanes” para proteger a la población afgana, señaló Amnistía Internacional.

“Se deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los habitantes “en particular los miembros de las comunidades minoritarias”, insistió la ONG.

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Las autoridades iraníes bloquearon el jueves el acceso a redes sociales, tras seis días de protestas por la muerte de una joven detenida por la policía de la moral en las que han fallecido 11 personas, según un balance oficial.

La muerte de Mahsa Amini, de 22 años, suscitó duras condenas en el mundo y ONGs internacionales han denunciado una represión “brutal” contra los manifestantes.

La Asamblea General de la ONU en Nueva York, Joe Biden expresó su solidaridad con las “mujeres valientes” de Irán, tras una desafiante intervención de su homólogo iraní Ebrahim Raisi.

La joven originaria de Kurdistán fue detenida en Teherán acusada de “llevar ropa inapropiada” por la policía de la moral, una unidad encargada de hacer respetar el estricto código de vestimenta.

Murió el 16 de septiembre en un hospital.

Las mujeres en Irán deben cubrirse los cabellos y no tienen derecho de usar abrigos cortos arriba de las rodillas, pantalones ajustados o vaqueros con agujeros. 

Según militantes, Mahsa Amini recibió un golpe mortal en la cabeza, pero las autoridades iraníes lo desmintieron y anunciaron la apertura de una investigación.

Las manifestaciones comenzaron inmediatamente después del anuncio de su muerte y se extendieron a 15 ciudades en todo Irán.

Según el último balance publicado por las agencias iraníes, siete manifestantes y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante las protestas.

Las autoridades iraníes negaron su implicación en la muerte de los manifestantes.

Amnistía Internacional denunció una “represión brutal” y el “uso ilegal de perdigones, balines de acero, gas lacrimógeno, cañones de agua y porras para dispersar a los manifestantes“.

Contrarrevolucionarios

Desde el inicio de las manifestaciones, las conexiones de internet se han ralentizado y las autoridades bloquearon luego el acceso a Instagram y WhatsApp.

“Por decisión de las autoridades, no es más posible acceder en Irán a Instagram desde la noche del miércoles y el acceso a WhatsApp también está interrumpido”,

Anunció la agencia de prensa Fars.

La medida fue tomada a causa “de las acciones realizadas por los contrarrevolucionarios contra la seguridad nacional mediante esas redes sociales“, agregó Fars.

Instagram y WhatsApp son las aplicaciones más usadas en Irán tras el bloqueo los últimos años de plataformas como YouTube, Facebook, Telegram, Twitter y Tiktok.

Además, el acceso a internet está en gran medida filtrado o restringido por las autoridades.

En el sur de Irán, videos muestran a los manifestantes quemando un retrato inmenso del general Qassem Soleimani, muerto en un ataque estadounidense en Irak en enero de 2020.

En otros sitios del país, los manifestantes incendiaron vehículos policiales y corearon consignas contra el poder.

La policía respondió con gases lacrimógenos y numerosas detenciones.

Otras imágenes muestran a los manifestantes que resisten a las fuerzas del orden. Las más virales en redes sociales son las de mujeres que prenden fuego sus velos.

Una opción

“¡No al velo, no al turbante, sí a la libertad y a la igualdad!”

Gritaron los manifestantes en Teherán, en consignas que tuvieron eco en actos de solidaridad en Nueva York o Estambul.

Mahtab, una maquilladora de 22 años con un velo naranja que dejaba ver sus cabellos, declaró en Teherán que “el velo debe ser una opción, no se nos debe imponer“.

Las manifestaciones constituyen “una sacudida muy importante” en Irán y “una crisis social”, comentó David Rigoulet-Roze, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) con sede en Francia.

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El secretario señala que en Estados Unidos la DEA es una agencia con la que el Gobierno mexicano ha tenido diferencias.

“Creo que ellos (la DEA) quieren que sigamos en lo mismo, en lo de hace algunos años”.

Marcelo Ebrard

Para el analista colombiano Vladimir Castillo Soto, la injerencia de Estados Unidos va más allá de la DEA.

Hoy en México está la embajada más grande de Estados Unidos.

Buena parte de su personal pertenecen a agencias de seguridad e inteligencia, los cuales son utilizados para promover sus agendas.

Lo hacen financiando a ONGs. No es nuevo, lo ha dicho el propio presidente AMLO.

La exfuncionaria del Pentágono, Ana María Salazar recuerda que ha debilitado enormemente la capacidad del embajador estadounidense de ser un interlocutor fiable.

Sobre el deseo de AMLO de que Julian Assange llegue a México en el caso de que la justicia británica lo extradite a Estados Unidos, Marcelo Ebrard comentó que no está en la agenda.

Los dos ejes que sostendrán la agenda del encuentro entre los presidentes Joe Biden y López Obrador el día de mañana en Washington serán el económico y el de seguridad.

Así lo comentó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard .

La DEA es una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargada de investigar delitos de orden federal relacionados con la producción, transporte y consumo de drogas.

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En los últimos cuatro años, los casos de mujeres víctimas de trata de personas se incrementaron 39.7%.

El incremento paso de 360 en 2018, a 503 en 2021, de acuerdo con información sobre violencia contra las mujeres del SESNSP.

Sin embargo, ONG aseguran que la cifra del organismo sólo representa 20% de los casos reales.

“Los datos que nos deja ver el secretariado son, si acaso, 20% de los casos que se están registrando en el país. Esto es, el delito de trata de personas tiene una cifra negra por arriba de 80%”

Dice Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.

Alicia Mesa Bribiesca, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, detalla que por cada caso que se registra de víctimas de trata existen 99 que no se reportan.

“Está invisibilizado. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto al número de víctimas. Lo anteceden Tailandia y Camboya”

Añade.

Dice que desde hace 10 años los cárteles de las drogas participan en ese ilícito, además de grupos japoneses, rusos y estadounidenses, por lo que solamente una de cada 100 mujeres es la que se atreve a denunciar.

Las entidades donde los victimarios enganchan a mujeres, cuyas edades van desde 12 a 35 años, son Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí y Chiapas.

El reporte del SESNSP detalla que ese ilícito, cuya impunidad se ubica por encima de 98%, ha ido en aumento año con año.

En el 2018 se contabilizaron 360 casos; en 2019, 402; 2020, 455; en 2021 sumaron 503, y en enero y febrero pasados, la cifra llegó a 93.

De acuerdo con el documento, en los primeros dos meses de 2022 el mayor número de casos de ese ilícito se registró en el Estado de México, con 43; Ciudad de México, 13; Baja California y Chihuahua, con cuatro cada uno, y en Oaxaca, tres.

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Efectivos de la Policía y Fiscalía ecuatorianas allanaron este viernes las oficinas de una ONG que dirige el informático sueco Ola Bini.

Ola Bini, es amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien afronta un juicio por presunto acceso ilegal a sistemas informáticos en Ecuador.

El abogado de Bini, Carlos Soria, manifestó que en un primer momento el allanamiento se practicó sin presencia de asistencia letrada.

Sin embargo, posteriormente fue el propio abogado del informático sueco quien acompañó la diligencia judicial en el Centro de Autonomía Digital (CAD), situado en Quito.

De acuerdo con la cuenta de Twitter Justicia Minuto a Minuto, agentes de la Policía irrumpieron en dicho establecimiento dirigido por Bini, “cuando se cumplen tres años desde que fuera arrestado” por las autoridades ecuatorianas.

La Fiscalía indicó a través de la misma red social, que el procedimiento se realizó con el apoyo de la Policía Nacional.

Se inscribe en una instrucción fiscal por “un presunto fraude procesal”, con el objeto de “recabar indicios”.

La intervención fiscal se da a días de que se cumplan tres años del arresto de Bini el 11 de abril de 2019.

Cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno, pusiera fin al asilo en su embajada en Londres de Assange.

El sueco enfrenta una investigación por presuntamente haber intentado acceder a información de las plataformas de la petrolera estatal, Petroecuador y la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia.

El juicio contra Bini se inició en enero pasado, y hasta la fecha no han trascendido detalles sobre las vistas del proceso.

En el momento de su detención en 2019, María Paula Romo se desempeñaba como ministra de Gobierno y lo acusó de participar en actividades que pretendían desestabilizar al Ejecutivo de entonces.

Sin embargo, esas acusaciones no prosperaron por falta de pruebas y finalmente Bini fue enjuiciado por el delito de acceso ilegal a sistemas informáticos.

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Las autoridades nicaragüenses han endurecido desde hace años sus políticas sobre la operación de ONG y universidades.

Varios opositores fueron encarcelados en el marco de los comicios, que determinaron la relección de Ortega, tildados de “farsa” por EU y observadores comiciales de otros países.

El Parlamento de Nicaragua canceló ayer la personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales.

Ya suman 137 ONG suspendidas en el país, estas son acciones que la oposición cataloga de una cruzada del gobierno del presidente Daniel Ortega contra la sociedad civil.

Entre las asociaciones civiles que fueron suspendidas se encuentra una que practicaba cirugías gratis a niños con labio leporino.

También, esta una dedicada a la observación electoral y un centro de análisis del sector empresarial que realizaba estudios de impacto económico.

Incumplimiento de obligaciones

Los diputados oficialistas argumentan que las ONG no rindieron cuentas del financiamiento que reciben ni actualizaron sus juntas directivas ante el Ministerio de Gobernación.

“El Cenidh condena enérgicamente la iniciativa orteguista de cancelación de la personalidad jurídica a 25 organizaciones de la sociedad que velan por la salud, la educación y los derechos civiles y políticos”

Respondió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en un comunicado.

Desde 2018, hubo una intensa oleada de protestas contra Ortega, la Asamblea Nacional, leal al mandatario, ha cancelado 137 ONG, la mayoría críticas al gobierno.

Las acusa de incumplir las normas y de recibir financiamiento de otros países para conspirar contra el presidente.

Dos de las últimas clausuradas son la Fundación Chamorro, que no tiene actividades desde enero de 2021 y algunos de cuyos directivos están presos acusados de lavado de dinero y otros delitos, así como el Centro Humboldt, dedicado a elaborar estudios de impacto ambiental.

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La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) sostuvo que si bien hay una disminución de delitos en algunas entidades; Prevalecen focos rojos por eventos de múltiples homicidios en Zacatecas, Sonora y Colima, por lo que sugirió a los gobiernos plantearse si necesario realizar reajustes a sus estrategias de seguridad.

En su informe: “¿Qué dicen las cifras sobre el delito en México?”, MUCD resaltó que en los primeros meses del año se han registrado “eventos realmente preocupantes que sólo nos demuestran que continúa sin controlarse el fenómeno de la violencia”.

Recordó que el 12 de febrero se presentó el secuestro de cinco jóvenes universitarios en medio de un “panorama terrorífico” en Zacatecas. Respecto a Sonora, rememoró que los habitantes de Caborca tuvieron que ocultarse dentro de sus viviendas debido al ingreso de un comando armado. En tanto, sobre Colima, mencionó que suman ya tres semanas continuas de enfrentamientos entre grupos armados.

Datos de Hidalgo

Las denuncias por delitos contra otros bienes jurídicos afectados presentan la mayor incidencia con mil 538 casos, 201 son por amenazas y 27 por narcomenudeo. En septiembre, se registraron 10 mil 369 carpetas de investigación en ese rubro. 

Los delitos contra el patrimonio tuvieron mil 423 casos, entre los que destacan robos a casa habitación; de vehículos, 213; a ciudadanos en la vía pública 30; robos a negocios fueron 118 y en 47 de estos casos fue con violencia.   

El SESNSP indicó que en 2021, 517 denuncias fueron por violencia familiar, en el caso de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar fueron 69 casos. En septiembre se reunieron 4 mil 761 carpetas de investigación de delitos con clasificación familiar.

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La millonada acumulada de los mas ricos al comienzo de la pandemia jamás registrado a sido de US$ 13.8 billones, según Oxfam.

“El aumento de las desigualdades económicas, de género y raciales entre los países destruyen nuestro mundo”, denuncia la oenegé de lucha contra la pobreza.

Las diez personas más ricas del mundo, según la revista Forbes son:

• Elon Musk (jefe de Tesla).
• Jeff Bezos (Amazon).
• Bernard Arnaud (LVMH).
• Bill Gates (Microsoft).
• Mark Zuckerberg (Meta-Facebook).
• Waren Buffett (Berkshire Hathaway).
• Larry Ellison (Oracle).

La ONG añade que “podemos vencer la pobreza extrema mediante una fiscalidad progresiva” y unos sistemas de salud públicos y gratuitos para todos.

Oxfam, recomienda que no se obstaculizara la creación de sindicatos y que se eliminara la propiedad intelectual de las patentes de vacunas.

La desigualdad contribuye a la muerte de “al menos 21,000 personas al día” debido a los decesos mundiales por falta de acceso a la atención sanitaria, la violencia de género, el hambre y la crisis climática.

“Un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos procedentes de la pandemia de los diez hombres más ricos permitiría producir suficientes vacunas para el mundo, proporcionar una protección social y médica universal, financiar la adaptación al clima y reducir la violencia de género en 80 países”, señala la organización.

Estos magnates se quedarían todavía con “US$ 8,000 millones más que antes de la pandemia”.

“Los multimillonarios han tenido una gran pandemia. Los bancos centrales inyectaron miles de millones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, muchos de los cuales acabaron en los bolsillos de los multimillonarios”, destaca.

El Foro Económico Mundial advirtió que las desigualdades en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 podrían debilitar la lucha contra las causas internacionales, como el cambio climático.

El foro presencial de Davos se ha pospuesto hasta el verano boreal debido a la variante ómicron, pero una edición en línea se abre el lunes hasta el 21 de enero.

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