Los magistrados aprobaron por unanimidad revocar el fallo y ordenaron que el inmueble, propiedad de Emilio Lozoya, quede nuevamente bajo resguardo de la (FGR).

Debido a que el inmueble forma parte de la investigación por una supuesta compra en 2012 con dinero recibido del exdirectivo de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de que Pemex, en ese momento bajo la dirección de Lozoya, adquiriera la planta de Agronitrogenados con un sobreprecio de 200 millones de dólares.

Cabe recordar que, en mayo de este año, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió el amparo a Lozoya al argumentar que, al estar bajo proceso judicial, sólo el juez de control que lleva el caso Agronitrogenados podría determinar qué hacer con el inmueble.

Si la investigación inicial ya se encuentra judicializada, por cumplimiento de orden de aprehensión, deberá poner a disposición del juez de control que corresponda, el bien inmueble asegurado, para que determine lo que en derecho corresponda en relación con el mismo”

Lozoya, actualmente detenido, es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados.

Además enfrenta una segunda causa penal por presuntamente recibir sobornos por más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

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El Instituto Nacional de Migración emitió este viernes una alerta migratoria en contra de Carlos Treviño, ex director general de Pemex, a solicitud de la Organización Internacional de Policía Criminal.

En un breve comunicado, el organismo señaló que dicha acción tiene el propósito de “informar de manera inmediata sobre su ingreso o salida de territorio nacional por cualquiera de los puntos destinados al tránsito internacional, en virtud que dicha persona cuenta con una orden de aprehensión vigente”.

A petición de la Fiscalía General de la República, el pasado 9 de noviembre la Interpol emitió una “ficha roja” para la búsqueda y localización de Treviño, señalado como presunto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa al recibir recursos de Odebrecht a cambio de impulsar el otorgamiento del contrato de esa empresa brasileña para la operación de la Planta de Etileno XXI.

Lo anterior habría ocurrido en el marco de la presunta entrega de sobornos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La indagatoria fue judicializada por la FGR a un juez de Almoloya de Juárez, y el Ministerio Público Federal sustentó las acusaciones.

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Los cargos que se le imputan al panista son delitos de cohecho, uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Esta audiencia se pospuso ya en dos ocasiones, la primera, debido a que el imputado no se encontraba en México.

En esa ocasión, se le indicó que, para la próxima audiencia, el indiciado debería estar en las inmediaciones de la Ciudad de México y acompañado de su defensa.

Pero en esa ocasión, la defensa del excandidato presidencial solicitó un aplazamiento, debido a que, para esa fecha se agregaron más de mil nuevas fojas, por lo que se pidió tiempo para el análisis de las mismas.

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Nueva Fecha

La fecha se planteó este 8 de noviembre a las 9:00 horas para la realización de la audiencia, la que nuevamente podrá ser por medio de video conferencia.

En caso de que la autoridad judicial resuelva que hay elementos para vincular a proceso a Anaya, el Ministerio Público Federal está en condiciones de solicitar la prisión preventiva oficiosa en contra del indiciado.

De ocurrir esto, el juez citará a Anaya y a su defensa, quienes deberán acudir al juzgado, para el análisis de las medidas cautelares que se soliciten para el indiciado, para que en su presencia se resuelva si se otorgan o no.

Las investigaciones en contra del excandidato presidencial del PAN se derivaron de las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien lo involucró en la red de distribución de 10 millones de dólares del soborno de Odebrecht, para que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

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