El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró que 95 por ciento del departamento de Santa Cruz amaneció en “total normalidad”, salvo por los 15 detenidos durante enfrentamientos en la madrugada.

Agregó que “en su gran mayoría, los detenidos habían consumido bebidas alcohólicas, y otros estaban cobrando a las personas que circulaban en motocicletas o automóviles”.

Bolivia vs Arce

Santa Cruz, al igual que el primer día, es la región en la que mayor seguimiento tuvieron los llamados de la oposición y algunos sindicatos para rechazar la ley con la que el gobierno del presidente Luis Arce pretende luchar contra el lavado de dinero.

En tanto, Arce lamentó que la derecha “retrógrada y cavernaria”, que ya intentó callarlo el lunes cuando brindaba su primer informe de gobierno en una convulsa sesión de la Asamblea Legislativa, ahora esté “tratando de bloquear y paralizar al país”, reportó el diario boliviano El Deber.

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En medio de una guerra de acusaciones contra la oposición y al estilo del dictador venezolano Nicolás Maduro, el Ministro de Gobierno de Bolivia denunció el lunes un supuesto complot para atentar un año atrás contra el presidente Luis Arce por parte de paramilitares extranjeros que presuntamente participaron del asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse.

Según el ministro Eduardo del Castillo, el plan pretendía impedir la asunción de Arce tras ganar los comicios y acusó como cerebro al exministro de Defensa Luis Fernando López, quien huyo del país y tiene una orden de captura. Pero la “denuncia” del supuesto complot no se hizo en ese momento.

El régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, gobierno de Bolivia acusa al exministro López de supuesta corrupción en la compra de equipo antimotines durante la presidencia interina de Jeanine Áñez (2019-2020) actualmente detenida y acusada de terrorismo y conspiración por el MAS.

Áñez asumió en medio de un estallido social tras las denuncias de fraude electoral en contra de Morales, quien renunció en noviembre de 2019. Un año después Arce, su heredero político, ganó los comicios.

En rueda de prensa, del Castillo presentó un audio poco claro en el que supuestamente se escucha a un contratista estadounidense ofrecer mercenarios a López para impedir que Arce asumiera alegando que el gobierno electo reemplazaría a las Fuerzas Armadas con “milicias cubanas y venezolanas”.

“Existió un plan para acabar con la vida del presidente Arce, primero con contratistas paramilitares estadounidenses… y segundo con paramilitares colombianos que después asesinaron al presidente de Haití”.

Mencionó al exmilitar colombiano “German Alejandro Rivera Garcia, principal responsable de la muerte del presidente de Haití, Arcángel Pretel Ortiz, Ronal Alexander Ramirez Salamanca, Antonio Intriago y Enrico Galindo Arias, paramilitares que después matarían al presidente Moïse”.

Del Castillo aseguró que esos “informes del inteligencia” fueron obtenidos por “compañeros” del partido oficialista MAS y aseguró que los supuestos “mercenarios” colombianos se reunieron con funcionarios de Añez.

¿Fantasías?

El gobierno de Áñez era transitorio, no había forma de que se prorrogue, tenía la misión específica de llamar a elecciones”, dijo el diputado de oposición Carlos Alarcón, de la centrista Comunidad Ciudadana (CC).

La “denuncia” tiene lugar una semana después de las mayores protestas opositoras y de organizaciones gremiales en defensa de la democracia y en contra de leyes impulsadas por el gobierno contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El presidente Arce acusó a la oposición de alentar las protestas para desestabilizarlo. “Nuestro triunfo en las urnas no lo quieren respetar”, dijo la semana pasada durante marchas a favor de su gobierno. Para esta semana se anuncian nuevas protestas antigubernamentales.

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Gobierno de Bolivia y bajo el régimen de Arce, más de medio centenar de opositores están encarcelados y procesados por presunta conspiración, entre ellos Añez. El gobierno los acusa de haber perpetrado un “golpe de Estado” mientras los opositores denuncian una “persecución judicial” tras el “monumental fraude electoral”.

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