La compensación aprobada por cuatro votos a uno se fijó en 75 mil reales, más los intereses y la corrección monetaria.

La suma total del resarcimiento debe superar los 100 mil reales y Dallagnol puede recurrir el fallo ante los tribunales.

El suceso, bajo la denuncia del ministro Luis Felipe Salomón, se refiere a acusaciones infundadas que hizo el exfiscal ante la prensa en 2016 a través de un PowerPoint.

Esto situaba a Lula como jefe de una supuesta organización criminal, hecho sin probarse en los últimos seis años.

La fiscalía acusó al exmandatario de los delitos de corrupción y lavado de dinero en el caso del apartamento triplex de Guarujá.

Actualmente, la defensa de Lula dijo en la corte que Dallagnol actuó de manera abusiva e ilegal para presentar al fundador del Partido de los Trabajadores como un personaje de la trama de corrupción.

La mayoría de los ministros del tribunal siguieron este martes el voto de Salomón, quien reconoció el daño moral.

Daños a Lula

El ponente señaló que Dallagnol extrapoló sus funciones, causando daños a la imagen, el honor y el nombre de Lula.

“Esta preponderancia del episodio no es compatible con lo que fue el objeto de la denuncia ni parece compatible con la seriedad que requiere la investigación de estos hechos”

Argumentó.

Para el ministro Raul Araújo, también hubo daño moral y exceso de poder.

“(Dallagnol) actuó más allá de su competencia legal. El error original de todo esto, me parece, se debió a ese típico tribunal de excepción que se dejó funcionar en Curitiba (sureña ciudad)”

Alegó.

El abogado Cristiano Zanin, al frente del equipo jurídico del expresidente, precisó que el exfiscal violó sus deberes funcionales.

“¿Resulta legítimo que un miembro del Ministerio Público convoque una rueda de prensa en la fecha en la cual se presenta una acusación para hacer declaraciones perentorias, sin ningún tipo de reservas, y dando a la opinión pública la idea de condena del acusado?”

Se preguntó.

También, afirmo que la situación lesiona los derechos del ciudadano, de la jurisdicción y en consecuencia perjudica las disposiciones de la ley federal que protegen los derechos de la personalidad.

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