De acuerdo a información de la  PGJEH, “El Michoacano” es acusado de secuestro agravado, y su situación jurídica será resuelta hasta el próximo sábado 23 de abril, en la reanudación de su audiencia inicial. 

José Artemio M. M. se acogió a la duplicidad del término constitucional, que es de 144 horas.

El Ministerio Público de la PGJEH le imputó el delito de secuestro con la agravante de homicidio.

Sin embargo, a petición del acusado, la resolución respecto a la vinculación a proceso se dictará hasta el próximo sábado.

“El Michoacano” permanecerá recluido en el Cereso de la capital de Hidalgo y por motivos de seguridad.

Su procedimiento se realizará en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca y no en Tula, donde se inició su asunto.  

La audiencia de José Artemio M. M. comenzó horas después de su recaptura en la CDMX, de manera privada, sin acceso al público al interior de los juzgados de oralidad.

El inmueble fue resguardado por personal de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), así como por rondines en vehículos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. 

La audiencia culminó durante la madrugada de este martes.

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En su informe de actividades, la representante del Poder Judicial de Hidalgo, mencionó las cifras correspondientes a las labores realizadas desde noviembre de 2020.

Indicó que, durante el periodo, los 108 jueces adscritos a 81 juzgados de Hidalgo recibieron diferentes casos por ámbito. En el familiar fueron 19 mil 394, de los cuales se resolvieron 9 mil 72. En el civil fueron 16 mil 9 que derivaron en 6 mil 107 sentencias.

Respecto a los asuntos en materia mercantil, de 4 mil 310, resolvieron mil 103 casos. Mientras que en el tema penal y tradicional como en el sistema acusatorio sumaron 4 mil 430, y únicamente 994 tuvieron sentencia.

Las cifras del primer informe muestran que, en ese periodo, existieron 46 mil 450 casos en las cuatro materias. De esa cantidad, 17 mil 276 terminaron en sentencia, es decir, el 37.19 por ciento.

Además, la magistrada rindió cuenta de 632 millones 874 mil 661 pesos invertidos en infraestructura y profesionalización.

Por otro lado, explicó que 9 millones 368 mil 502 pesos, provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Los cuales, se aplicaron en ampliar los juzgados y en el Centro Estatal de Justicia Alternativa en Pachuca.

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