Dictan auto de formal prisión a José Luis Abarca y su esposa

Ambos personajes enfrentarán proceso penal por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la Salud, confirmó Alejandro Rojas, abogado de la pareja.

Rojas negó que la pareja esté imputada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

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En la misma resolución el Juez Beltrán Santes dictó el auto de formal prisión al extitular de la policía municipal de Iguala, Guerrero, Felipe Flores; así como al teniente del Ejército mexicano Fabián Alejandro Pirita Ochoa.

Flores y Pirita enfrentarán proceso por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los estudiantes normalistas.

Por la mañana, el mismo juez dictó auto de formal prisión a otros tres militares del Ejército mexicano, entre ellos el Coronel José Rodríguez Pérez, también por delincuencia organizada y la desaparición forzada de los estudiantes normalistas.

Además de Rodríguez Pérez, se dictó el auto de formal prisión al capitán José Martínez Crespo y al cabo Eduardo Mota Esquivel y es que según el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa los militares colaboraron de manera directa en la desaparición de los normalistas.

La medida judicial se tomó dentro de la causa penal 15/2022, iniciada con base en el antiguo sistema penal debido a que los hechos ocurrieron en 2014.

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Buscan frenar otros dos tramos del Tren Maya

Adrián Fernando Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán –el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 sur–, admitió ahora el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del Tren.

Sin embargo, dichos tramos ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se trata del recurso de amparo 923/2022, que tramitó el pasado 5 de abril la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

En un principio, este amparo sólo fue contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del proyecto Tren Maya.

Tres semanas después, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución material de la construcción de todo el tramo.

Dicho tramo tiene una extensión de 67.7 kilómetros y va de Cancún a Tulum.

Además, prohibió la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

Ampliación de la demanda

No obstante el 25 de mayo, la parte quejosa ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo.

Esto con el fin de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.

El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos Cinco, Seis y Siete del Proyecto denominado Tren Maya”.

El acuerdo se refiere al expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual declara obras como el Tren Maya como de Seguridad Nacional.

Dicho acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos ferroviarios, y con ello, garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

No concedió suspensión provisional

Novelo Pérez no consiguió verificar la certeza del reclamo de la parte quejosa, es decir, no supo si la DGIRA ya había concedido autorizaciones para los tramos 6 y 7.

Por lo tanto, el juez decidió no conceder la suspensión provisional en este punto específico.

Con las autorizaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de los más de 530 kilómetros que comprenden estos tramos, podría iniciar trabajos.

Será el próximo 5 de agosto, fecha en que se agendó la audiencia incidental y en caso de que no se difiera, cuando se resuelva sobre el asunto.

En esa fecha el juez podría retirar la suspensión o decidir mantenerla en definitiva.

El gobierno federal podría hacer caso omiso a la resolución del juez, como ocurrió recientemente con el amparo tramitado por buzos del Tramo 5 sur.

Esto alegando que el Consejo de Seguridad decidió declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, tal como informó el pasado 18 de julio, Javier May, titular del Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

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Aunque los primeros indicios apuntan a que el móvil del atentado fue el robo de la camioneta del Domínguez, la FGR asumió la responsabilidad del caso debido a que la víctima es un servidor público.

Por ello, la denuncia respectiva fue turnada al Ministerio Público Federal en la delegación de la FGR en Morelos, quien abrió una carpeta de investigación al respecto.

El ataque ocurrió cuando el juez y su hijo se encontraban en una peluquería, y dos hombres entraron para exigirles que les entregaran las llaves de su camioneta, marca GMC.

Domínguez Barrios se negó y en respuesta uno de los hombres le disparó, hiriéndolo junto con su hijo.

Al conocer los hechos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, condenó el ataque que sufrió el Juez de Distrito.

En sus redes sociales, el ministro presidente publicó:

“Mi más enérgica condena al ataque que sufrieron el Juez de Distrito Gabriel Domínguez Barrios y su hijo.”

Además hizo un llamado a las autoridades competentes para una investigación rápida, seria y profunda que permita sancionar a los responsables.

La Comisión Estatal de Seguridad afirmó que tres hombres, posiblemente relacionados con los hechos, ya fueron detenidos.

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