La Policía de Andorra indaga si Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agasajó a dirigentes de este país con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de dólares entre junio de 2008 y marzo de 2015.

El dinero bajo sospecha costeó exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos, según un informe confidencial de los investigadores del principado europeo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los agentes rastrean quién se esconde tras los cargos abonados con una decena de tarjetas de crédito a nombre de Collado, que desde mediados de 2019 permanece encarcelado por blanqueo en Ciudad de México.

Además de desembolsar la factura de elitistas establecimientos, el dinero de plástico sufragó también la compra de vuelos, el alquiler de vehículos y sirvió para sacar dinero en efectivo de cajeros en los citados países.

Junto al letrado, los clientes reales de estos servicios fueron “terceras personas vinculadas a la política mexicana”, según los investigadores.

¿Por qué cargos Andorra investiga al abogado de Peña Nieto?

Bajo el foco de los funcionarios de la Unidad de Investigación Económica y Financiera del país europeo hay 464 cargos abonados con 10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde el letrado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015.

Se trata de dispositivos de pago con límites de gasto mensual de entre 16.000 y 66.159 dólares que fueron usados en distintos países al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas.

Como ejemplo de abonos simultáneos, dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV costearon al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos países.

El 17 de febrero de 2009, se abonó a través de esta cuenta una estancia en el hotel Westin Palace de Madrid de 4.513 dólares y otra de 5.182 en el Plaza Athénée de París. Tarjetas asociadas a la misma cuenta pagaron también el 6 de agosto de 2010 distinguidos alojamientos en Guadalajara (México) y Saint-Tropez (Francia).

Para destapar quién se amaga tras este tren de lujo, los investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerolíneas, compañías de alquiler de vehículos, clínicas de estética y joyerías de España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado.

Los funcionarios recuerdan que estos establecimientos tienen la obligación de registrar el nombre de sus clientes e instan a las joyerías de lujo –donde se compraron relojes “y piezas de gran valor”- a identificar a los clientes a través de las garantías de los productos.

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Collado adquirió departamentos y aviones

De acuerdo El País, un informe de la policía de Andorra indica que, quien fuera abogado de la élite política de México se valió de un entramado financiero.

“Como garantía para solicitar 11 préstamos por un total de 14 millones de dólares”, que destinó a la compra y mantenimiento de dos aeronaves con valor de 5,2 millones de dólares.

Además el informe policial, fechado en diciembre de 2021, registra la compra de tres departamentos en el exclusivo y lujoso complejo St. Regis Bal Harbour de Miami, Florida, en los Estados Unidos.

La investigación señala que Juan Collado, quien desde julio de 2019 está preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, movió mediante empresas fantasma 11 millones de dólares a lo largo de 11 años (de 2006 a 2015), unos 2 millones de dólares para reservar los departamentos.

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Collado en Andorra

Con base en documentación interna de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Collado Mocello, el banco del principado de Andorra blindó la identidad del abogado en la transacción de adquisición de los apartamentos, que se realizó en 2012.

“Como ordenante, sólo debe constar en la transferencia el nombre de la sociedad. NO DEL REPRESENTANTE”, recoge un correo interno de la BPA del dos de febrero de 2012 que alude a la operación para desembolsar la señal de las propiedades de Miami, señala El País.

El abogado de Florida Gustavo J. García-Monte se encargó de la compra de las propiedades y las aeronaves de Juan Collado, que se concretaron por medio de 25 transferencias – entre 2010 y 2014- por un total de 7. 4 millones de dólares.

Respecto a las aeronaves adquiridas por Collado Mocelo, desembolsó 5.2 millones de dólares; 3.2 millones por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995, comprado en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp; así como 2 millones de dólares por un 1889 Bombardier Challenguer 601 3-E.

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Juan Collado enfrenta en prisión un proceso penal por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero;  fue arrestado por la entonces PGR el 9 de julio de 2019.

Durante años fue el abogado predilecto de la élite política mexicana, en su cartera de clientes figuran el hermano del expresidente Carlos Salinas: Raúl Salinas de Gortari, también exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; el ex líder del sindicato Petrolero: Carlos Romero Deschamps  y el expresidente Enrique Peña Nieto.

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El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna resolvió la invalidez de todo el proceso y su correspondiente sobreseimiento en el caso de la supuesta extorsión que cuatro abogados respaldados por el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Sherer Ibarra, infligían contra el también abogado Juan Collado Mocelo.

La resolución marcó las contradicciones en la carpeta de investigación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR); señalando que la dependencia no puede investigarse a sí misma, porque “si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado“.

También indicó que se presentaron diversos errores judiciales del fiscal; además de emitir amenazas al asegurar que pronto podría ser llamado a declarar Julio Sherer y que no se debe olvidar que Juan Ramón Collado está acusado de delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita; razón por lo que descalificó que la fiscalía por un lado defienda a Collado y por el otro los lo esté imputando.

El juzgador también aseveró que la parte acusadora no demostró que realmente Sherer tuviera el poder para alterar expedientes; y afirmó que la FGR difundió falsedades con tal de mantener sus hipótesis, trabajando en contra de su propia institución “con conjeturas subjetivas”.

Quedó descartado vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, Isaac Pérez Rodríguez, César Omar González y David Gómez Arnaud; esto luego de una sesión histórica que duró 23 horas en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur de la Ciudad de México; mientras que Collado y su abogado, Mauricio Flores, estuvieron conectados a través del método virtual desde el reclusorio Norte.

No se va a vincular a proceso a abogados del caso Collado

José de Jesús Delgadillo aclaró que no se demostró fehacientemente el tráfico de influencias y que no hay datos de prueba que demuestren que los abogados presionaran a la víctima para que les vendiera su empresa financiera llamada Caja Libertad.

Incluso, se determinó que los mensajes por WhatsApp entre los imputados y la familia Collado, como en el caso de la hermana de Juan Ramón, María Julia Collado, tuvieron visos de buenas relaciones; además de que fue evidente la intentona frecuente de Juan Collado para recuperar su libertad a través de varios ofrecimientos sospechosos y querer apegarse a un criterio de oportunidad.

Finalmente, el juez indicó que la Fiscalía General de la República se condujo de mala fe y nunca debió haber dado respuestas a usuarios en redes sociales sobre el tema.

Pues esa acción atenta contra la presunción de inocencia; “nos hemos detenido a ver el árbol y no el bosque“, haciendo énfasis en que Collado Mocelo, al denunciar a sus propios abogados, está consumando una acción de venganza que no se puede permitir.

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La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que los cuatro abogados acusados de formar parte de una red de corrupción para extorsionar al litigante Juan Collado formaron una asociación delictuosa junto con Julio Schere, ex consejero jurídico de la Presidencia.

En este procedimiento de la FGR en contra de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Issac Pérez Rodríguez, el Ministerio Público Federal (MPF) no ha formalizado ninguna acusación contra el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Durante la audiencia los representantes del MPF han señalado que los cuatro abogados imputados llegaron a advertir a Collado que Julio Scherer “controlaría todo el aparato de justicia”.

Asimismo, teniendo como cabeza de la representación de la FGR al fiscal Manuel Granados Quiroz; se ha mencionado que los litigantes advirtieron a Collado que Scherer “era el único camino para arreglar su caso”.

La corrupción de 4 abogados en caso Collado

A decir de los ministerios públicos, los cuatro imputados –particularmente Juan Antonio Araujo y César Omar González Hernández–indicaron a Juan Collado y sus familiares que se abstuvieran de molestar a Julio Scherer.

La razón es que “porque así como ayuda, también perjudica”; y que para mostrar la capacidad que tenía para traficar influencias “no había otro camino a la libertad, ya que Julio Scherer tiene influencia en el Poder Judicial de la Federación, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El Ministerio Público Federal formalizó la petición de imputación contra los cuatro litigantes por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, los cuatro investigados ya solicitaron al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que defina su situación jurídica en esta misma audiencia.

El MPF hizo una moción para señalar que consideraba inadmisible que entre los representantes legales de los imputados estuviera Alejandro Robledo Carretero.

Mismo que fue designado por Julio Scherer entre los abogados defensores de los coacusados pese a ser subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz.

Respecto del abogado Agustín Acosta, el Ministerio Público criticó que también asistiera a los investigados por haber sido socio de Julio Scherer.

Y además en su despacho se recibió un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera; misma que sirvió para extorsionar a Collado y que éste entregara inicialmente 10 millones de pesos.

Asimismo, cuestionó la participación de Diego Madrazo Labardini, quien trabaja en el mismo despacho que los investigados. El fiscal Manuel Granados advirtió que podrían resultar coinculpados en este caso.

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La FGR retiró ante un juez las órdenes de aprehensión que había solicitado contra tres abogados y un contador, denunciados por Juan Collado.

Collado los acuso por haberlo extorsionado, en complicidad con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia.

Collado está preso para ser juzgado por fraude fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un oficio, el Ministerio Público Federal, pidió que, “en consecuencia, se tenga por no presentada ambas solicitudes, dejándose a salvo el derecho y la facultad de esta representación social para posteriormente solicitar lo procedente”.

A los abogados y al contador, se les buscaba imputar por asociación delictuosa, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.

La FGR había solicitado en contra de los cuatro sendas órdenes de aprehensión apenas el jueves pasado, ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Rivas González, sin embargo, el viernes siguiente se desistió de estas acciones.

El proceso contra los cuatro acusados iba a iniciar en febrero pasado, pero dos de ellos cambiaron intempestivamente de abogados.

Por lo cual, los acusados solicitaron diferir la audiencia para tener tiempo de revisar el expediente.

Después, el 7 de abril, la diligencia fue nuevamente suspendida porque uno de los acusados dijo tener covid-19, y el resto afirmó haber tenido contacto con él y temían haber sido contagiados.

Ante ello, los agentes del Ministerio Público Federal descalificaron las excusas de los acusados y dijeron que eran chicanadas. Horas después, la FGR pidió las órdenes de aprehensión, de las que luego se desistió.

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Un juez federal concedió un amparo para dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso en contra del abogado Juan Collado.

Óscar Gregorio Herrera Perea, juez Primero de Distrito, resolvió que el delito de peculado imputado a Juan Collado no se configura, porque no era servidor público.

De modo que el juzgador notificó a su defensa que se le concedía la protección de la justicia federal, por lo que debe cancelarse la acusación por dicho delito.

En el caso de que un Tribunal Colegiado avale la sentencia del juez Herrera Perea, la determinación quedará firme y habriá librado el primer proceso en su contra.

No era servidor público cuando fue acusado

Según el abogado del acusado, la determinación del juez se debió a que Juan Collado no era servidor público y, por tanto, el Código de Chihuahua diferencia entre:

• Los delitos cometidos por servidores públicos
• Otros que pueden cometer tanto servidores públicos como particulares

“Y el delito que le imputaron, es un delito que sólo pueden cometer servidores públicos, y por eso él no tiene ni una posibilidad de hacer algún tipo de desvíos”

Abogado de Juan Collado

Durante el gobierno de Javier Corral, la Fiscalía General de Chihuahua denunció a Juan por presuntamente el desvío de 13 millones 780 pesos en el gobierno de César Duarte.

En este sentido, las autoridades de Chihuahua cumplimentaron la orden de detención contra el con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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