Gómez Mont estaría implicada por tener presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por 12 millones de pesos, y por el cual se le considera prófuga de la justicia.

Magistrados

En sesión ordinaria, los magistrados confirmaron por unanimidad el amparo que un juez de Distrito concedió a Gómez Mont en septiembre del año pasado contra el mandamiento judicial.

Esto bajo el argumento de que no está suficientemente motivado y fundado por la Fiscalía General de la República (FGR), además de que existen una serie de contradicciones en la acusación formulada.

Derivado del análisis jurídico, los magistrados coincidieron en que el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Alberto Torres Villanueva, no precisó la conducta en la orden de aprehensión que libró, un aspecto que debió agotarse.

Además, afirmaron, Torres Villanueva omitió detallar cuáles fueron los supuestos ingresos acumulables que debió declarar Gómez Mont, ya que en la denuncia se estableció que era una cantidad de 53.7 millones de pesos.

Mientras que en la información financiera analizada por los peritos se estableció un monto de 61.7 millones de pesos.

Informe

Señalaron que en un informe que se rindió se estableció que los ingresos acumulables de la contribuyente habían ascendido a 61 millones de pesos, pero en la orden de aprehensión, cuando se solicitó, se dijo que ascendían a 53 millones de pesos.

Siendo una de las contradicciones que destacó la juez de Distrito para conceder el amparo a Inés Gómez Mont.

Con este fallo, el juez de control deberá dejar insubsistente la orden de aprehensión y emitir una nueva determinación en la que, purgando los vicios formales y con plenitud de jurisdicción, analice los datos de prueba con los que se sustentó la solicitud del mandamiento de captura.

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El abogado mantiene orden de aprehensión vigente por el delito de fraude en agravio de Luna Gas S.A. de C. V.

Interpol

Asimismo, la dependencia estatal dio aviso a la Interpol y se solicitó la emisión de Ficha Roja para la localización del abogado hidalguense.

Bajo la causa penal 1048/2022, el pasado 31 de diciembre se realizaron dos cateos para dar con el imputado.

Uno en su domicilio y otro en las oficinas de la reconocida firma ubicada en bulevar Luis Donaldo Colosio, número 6009, en el fraccionamiento Colosio.

Hechos

Fue el 22 de julio de 2021 cuando los socios integrantes de LUNA GAS S.A. DE C.V. contrataron los servicios de la “Firma Jurídica Díaz’‘, ante la posibilidad de expropiación de un inmueble.

El abogado es acusado de falsificación de documentos judiciales para seguir obteniendo un beneficio económico de la víctima como si estos hubieran sido proveídos por autoridades judiciales.

También engañó con documentación que supuestamente era expedida por autoridades administrativas como lo fue la UIF y SHCP.

Amenazas

A dichos clientes les refería que si no daban el dinero se perdería el inmueble y por lo tanto al exhibir las supuestas garantías estaban asegurando no perder su patrimonio.

Alcanzando los activos un lucro indebido por alrededor de treinta y nueve millones de pesos.

Al día de hoy se sabe que nunca existió decreto expropiatorio que afectara el patrimonio de la víctima.

Las investigaciones en contra del titular de la firma jurídica Díaz, forman parte de la política de combate a la corrupción que se mantiene en Hidalgo.

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Nueva ficha roja de la Interpol contra Cabeza de Vaca

En la nueva ficha se ampliaron de tres a 10 los delitos por los que las autoridades mexicanas buscan detener al exmandatario tamaulipeco, actualmente considerado prófugo de la justicia.

Los siete delitos que sumó son terrorismo, tráfico de migrantes, robo de piezas de arte, crímenes contra de la paz, violencia sexual en conflicto, crimen organizado y violación de los derechos humanos.

Algunos de ellos son delitos graves, por lo que, de ser detenido, no obtendría el beneficio de seguir su proceso en libertad.

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Esos ilícitos se suman a los registrados en la primera ficha roja de búsqueda de Interpol, consistentes en corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero.

García Cabeza de Vaca concluyó el último día de septiembre su encargo como gobernador de Tamaulipas. Con ello, perdió su fuero constitucional y se reactivó la persecución que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en su contra.

La dependencia había gestionado ante el Congreso de la Unión, la Suprema Corte y el Congreso de Tamaulipas el desafuero del exmandatario, lo cual no logró.

Una vez concluido su encargo, reactivó las imputaciones, por lo que pidió activar una alerta migratoria y solicitó a Interpol girar ficha roja de búsqueda internacional.

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Consejero del PAN

Aunque se encuentra prófugo y es señalado por varios delitos, el exgobernador de Tamaulipas, fue nombrado Consejero Nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

El panista confirmó el nombramiento y felicitó a los militantes del partido electos como consejeros estatales y por haber votado por él como consejero nacional.

“Agradezco por haberme elegido en primer lugar y colocarme por séptima ocasión consecutiva como Consejero Nacional de mi partido. #SigamosEnAcción”, dijo el exgobernador.

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Cabe recordar que en dicha mina localizada en Sabinas, Coahuila, 10 trabajadores quedaron atrapados el pasado 3 de agosto tras la inundación de un pozo.

Dueños de mina en la mira de la FGR y la Interpol

En un comunicado, la FGR dio a conocer que Cristian “S”, Arnulfo “G” y Luis “G”, quienes son identificados como los propietarios de la empresa Cía. Minera El Pinabete S.A. de C.V.

Dichos individuos actualmente se encuentran prófugos de la ley, además de que ya cuentan con una alerta migratoria a su nombre.

La dependencia informó que las tres personas mencionadas fueron citadas a una audiencia para la formulación de las imputaciones, pero no se presentaron.

Tras lo anterior, la fiscalía giró las órdenes de aprehensión correspondientes.

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Respecto al caso particular de Cristian “S”, quien tramitó una orden de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, se informó que no cumplió con el pago de garantía de 500 mil pesos, por lo que dicho trámite no procedió y aún se encuentra en búsqueda y captura. 

Desde que ocurrió la tragedia en Coahuila, la dependencia estatal inició una Carpeta de Investigación, para encontrar responsabilidades en el caso.

Se recabaron diversos datos de prueba, consistentes en 25 entrevistas a víctimas directas e indirectas y testigos quienes son trabajadores del pozo de referencia, así como a personas consideradas como probables responsables de los hechos.

Además, se solicitaron 32 informes a diversas dependencias a fin de conocer el estatus de la empresa encargada de la explotación minera.

Entre esas dependencias destacan la Secretaría del Trabajo (STPS), Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).

Además de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras.

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Agregó que hubo un cateo a las oficinas de la compañía, donde aseguraron el inmueble, documentación y equipos de cómputo. 

De igual manera, se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas.

Finalmente, la FGR señaló que continúa con las investigaciones para: “dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien más resulte responsable”.

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Gómez Mont promovió el 24 de enero un juicio de amparo, sin que hasta el momento el juez haya decidido si lo admite a trámite y si concede la suspensión del acto reclamado.

La polémica presentadora señaló como autoridad responsable a Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito con residencia en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano.

Guillermo Francisco Urbina, juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo recibió la demanda de amparo y será en los próximos días cuando determine si lo acepta o rechaza.

La Fiscalía General de la República informó el lunes que había obtenido orden de aprehensión y ficha roja de búsqueda internacional contra Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

Señaló que en la carpeta de investigación que se inició contra la pareja se concluye que estas y otras personas se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización.

Esto bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando el rastreo de esos recursos.

Dijo que hasta ahora el monto del quebranto es por más de 2 mil 950 millones de pesos que obtuvieron mediante contratos ilegales que obtuvieron con una dependencia del gobierno federal.

La FGR dijo que por este caso ya hay varias personas detenidas y otras están siendo buscadas para ingresarlas a prisión, entre ellos la pareja Gómez Mont-Álvarez Puga.

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Aunado a esta búsqueda de Gómez Mont y Álvarez Puga se encuentran otras siete personas, implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia federal detalló que tres de los implicados ya se encuentran recluidos y que se giró una ficha roja para detener a los otros cuatro, incluida la conductora y su esposo.

En un comunicado, la FGR detalló que “a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, inició carpeta de investigación en contra de:

• Víctor Manuel “A”
• Inés “G”
• Edgardo Mauricio “V”
• Rosario “A”
• Margarita “C”
• Ricardo “P”
• Mauricio “R”
• Siete empresas

Todo ellos por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Agregó que según la indagatoria los implicados se “coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal.

La FGR detalló que “la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”.

Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”.

“Presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.

“El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales.

Aumentaron que en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, explicó en un comunicado.

Además, agregó que con una de las empresas intervenidas, se verificó la recepción de más de 2 mil 500 millones de pesos.

También enfatizó la detección de “dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos”.

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A ambos de les acusa de presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada cuenta con informes de inteligencia que apunta a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.

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La solicitud a la Interpol (Ficha Roja) permitirá el rastreo del contador y la presentadora de televisión en más de 140 países y se sustenta en una orden de aprehensión otorgada por un juez federal del estado de México.

Cabe señalar que ni la emisión de la ficha roja ni la orden de aprehensión son suficientes para probar que el matrimonio haya cometido un ilícito.

Tampoco es garantía de que se inicie un juicio o proceso penal en su contra pues eso solo se definiría en la audiencia inicial a partir de los datos de prueba que presenten ambas partes.

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