ya hay avances en las investigaciones sobre el hackeo del Guacamaya Leaks a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Secretaría de la Función Pública sancionó a funcionarios a la Sedena

Al comparecer ante legisladores de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el secretario anunció que:

“Sobre el Guacamaya Leaks en la Sedena hay un procedimiento administrativo en contra de dos servidores públicos”.

Con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, el funcionario detalló que al 30 de septiembre de 2022 se registraron en CompraNet 129 mil contratos por adquisiciones y obras públicas, que ascendían a 425 mil millones de pesos.

Indicó que, del total de registros, 101 mil, por un monto de 143 mil millones de pesos, fueron por adjudicación directa, lo que equivale al 78 por ciento.

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Ante los cuestionamientos de los diputados de oposición, Roberto Salcedo aseguró que “la adjudicación directa no es arbitraria, hay una serie de mecanismos que permiten que se analice cada una de las decisiones”.

Comentó también que del 1º de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 han sido sancionados 2 mil 552 servidores públicos por diversas irregularidades.

La comparecencia de Roberto Salcedo Aquino

En la sesión, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, dijo al secretario que las principales tentaciones de la corrupción están en los ámbitos de adquisiciones y obra pública, por lo que propuso instalar una mesa de colaboración para revisar los sistemas de anticorrupción, fiscalización, archivos y protección de datos personales.

En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, señaló que uno de los principales retos en México “durante el último siglo” ha sido la corrupción, por eso “es necesario llevar a cabo los procedimientos y las sanciones a funcionarios que han faltado, sin importar el partido al que pertenezcan, porque se falta a la confianza de millones de mexicanas y mexicanos que proveen los recursos”.

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De Morena, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro reconoció el esfuerzo de la Secretaría de la Función Pública por “redoblar las auditorías al gasto federalizado, pues es uno de los temas más relevantes para la Federación, estados y municipios, porque los recursos se deben administrar con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.

También de Morena, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes reconoció las acciones que ha impulsado esta dependencia, toda vez que “han contribuido a la prevención de delitos que anteriormente los funcionarios cometían”.

Resaltó que en el caso de Segalmex hay 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República en proceso de desahogo.

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Grupos criminales se disputan el Sureste de México

Documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por Guacamaya señalan que Yucatán es un lugar de paso obligado para el trasiego de drogas hacia Quintana Roo.

Los archivos confidenciales refieren que en Mérida opera el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Independiente de Acapulco.

En el mismo municipio tiene presencia La Familia Epitacio, una banda delictiva local dedicada al narcomenudeo, principalmente de cocaína y mariguana, que se asentó en la región desde la década de 1990, procedente de Oaxaca.

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Los cárteles en Campeche

En Campeche hay registro del Cártel del Pacífico, La Familia Valencia Salgado, Pura Gente Nueva, liderado por el Samy, y el Cártel Independientes, encabezado por el Panchillo.

Franz Kauenhofen Wiebe, alias el Pancho Loco, es el presunto encargado de facilitar al Cártel del Pacífico el aterrizaje de aeronaves con cargas ilícitas, procedentes de Centro y Sudamérica en los municipios de Hopelchén, Calakmul, Champotón y Hecelchakán.

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Quintana Roo, zona de guerra

Quintana Roo es zona de guerra entre siete grupos criminales. El Cártel del Pacífico –cuyos líderes regionales se identifican como Francisco Alberto López, Paco, y Héctor Elías, el 15– predomina en la región con presencia en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Solidaridad y Benito Juárez.

El Cártel de Caborca, liderado por José Gil Quintero, Pelo Chino, sobrino de Rafael Caro Quintero, mantiene una disputa con el Cártel de Sinaloa por el control de la frontera entre Bacalar y Othón. P. Blanco.

En el estado también tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar, Othón P. Blanco y Solidaridad; este último se lo disputa con el Cártel del Pacífico.

El CJNG también mantiene pugnas con Los Pelones por el control de Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum.

Mientras que el Cártel Independientes controla Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel.

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Calderón cuenta con permiso para portar armas

El informe revela que entre 2015 y 2021 la Sedena dio 481 licencias particulares individuales de portación de armas de fuego a gobernadores y un exgobernador, senadores, diputados, jueces, empresarios, periodistas y dos cantantes.

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Ese reporte no revela la vigencia de las licencias, ni da nombres de los peticionarios, pero sí es posible deducir la identidad de algunos de ellos.

Tal es el caso del expresidente Felipe Calderón, quien desató en 2006 la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México.

En su solicitud, en 2020, Calderón consideró imprescindible tener un arma debido a la inseguridad que se vive y al cargo que desempeñó como presidente (2006 a 2012).

¿Qué otro expresidente tiene permiso para portar armas?

Del otro expresidente lo único que dice el documento es que el permiso se tramitó en Guanajuato, lo que hace presumir que se trata de Vicente Fox, originario y residente de aquel estado.

El documento de la Sedena, fechado el 22 de agosto pasado, enlista las licencias que dio, por año y la actividad del solicitante.

Durante la 4T se entregó 70 por ciento de las 481 licencias. En 2015 fueron 44, en 2016, 47; en 2017, 20; en 2018, 30; en 2019 la cifra se disparó a 212; en 2020 fueron 94 y 2021 se otorgaron 34.

Entre quienes pidieron licencias hay 15 gobernadores, un exgobernador, cuatro senadores, 21 diputados, 15 servidores públicos, 7 jueces, 278 empresarios, periodistas, dos cantantes, entre otros.

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¿Por qué les dieron permiso para portar armas?

Los argumentos de quienes solicitaron y obtuvieron las licencias son variados, pero predominan los temas de inseguridad o los cargos que ostentaban al momento de solicitar el permiso.

La Sedena señala que, independientemente de la ocupación, para entregar una licencia se toma como parámetro indispensable que el peticionario desempeñe labores que requieran la portación de armas y/o que en el desarrollo de sus actividades esté en inminente peligro.

Lo anterior debe justificarse con un escrito de solicitud, carta de modo honesto de vivir y documentación probatoria.

Finalmente, la Sedena dice que el Estado está al cargo de la seguridad pública y es obligación de las autoridades dar seguridad en las calles.

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Guacamaya Leaks: el hackeo a la Sedena

Este grupo de hackers logró obtener gran cantidad de documentos de dicha dependencia donde se revelaron datos sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el operativo conocido como el “El Culiacanazo” y las diferencias entre los titulares de la Sedena y la Semar.

Sin embargo, con el paso de los días, se han dado a conocer otros temas sobre el hackeo que vivió la Sedena.

Titular de Segob y el huachicol

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, ha sido relacionado con líderes “huachicoleros” en Tabasco, según los documentos filtrados tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Ejército identifica a dicha investigación con la clave Caso Olmeca y se trata de intercepciones de comunicaciones, investigación de campo, mapeo digital y minería de datos, con las que se detalla la red de tráfico de hidrocarburo en la tierra natal del presidente López Obrador y Adán Augusto López.

Una comunicación interceptada por el Ejército el pasado 18 de agosto, da cuenta de una conversación entre Gabriel Eduardo González Gabo, líder de la organización Olmeca, en la que refiere haber tenido una llamada directa con el titular de Segob, Adán Augusto López Hernández, a quien el Ejército identifica con su nombre y la clave de “Tío”.

El actual líder del huachicoleo en Tabasco, donde la Sedena señala en el mismo informe que las rutas de tráfico de hidrocarburos están bajo la protección del CJNG, señala que el titular de Gobernación se puso a sus órdenes y le pasó un contacto con la Seido para que fuera su enlace.

Además del titular de la Segob, la investigación del caso Olmeca involucra a funcionarios de alto nivel de Pemex e ingenieros, inspectores de la Guardia Nacional y trabajadores de puertos marítimos de Dos Bocas.

Nexos del narco con gobiernos de Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz y Morelos

Las autoridades estatales y municipales de Morena en Campeche, Chiapas, Veracruz y Morelos podrían estar vinculadas con cárteles del narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como otros grupos delictivos, advirtió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en uno de los documentos filtrados por parte del colectivo de hackers Guacamaya.

El reporte advierte que la violencia puede aumentar en las entidades de Campeche, gobernada por Layda Sansores; Chiapas por Rutilio Escandón; Tabasco por Carlos Manuel Merino Campos y Veracruz por Cuitláhuac García.

Esta información forma parte de un informe fechado el pasado 19 de enero y elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise), cuyo objetivo es analizar la situación de inseguridad y violencia en los estados que gobierna Morena.

Sin embargo, a pesar de que el sureste del país también abarca Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, el centro de inteligencia del sureste deicidio excluir a estos territorios gobernados por partidos de oposición y se centra sólo en los de Morena.

Después de detallar los problemas de violencia en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, la conclusión del Cerfise es que:

“Sí es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con estas personas”.

Incluso, “No descarta el incremento de los índices delictivos en estas entidades federativas debido a la pugna que mantiene el CGNJ con los diversos grupos delictivos”, indica el documento.

Veracruz

El estado de Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, tiene la peor entidad en incidencia delictiva:

“De los 4 estados con gobiernos de extracción ‘morenista’, Veracruz es el estado que presenta mayor incidencia delictiva, pudiéndose relacionar esto por la presencia de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la mayor parte de la entidad”.

En Campeche, hay cuatro organizaciones delictivas: Pura Gente Nueva-Zetas Vieja Escuela (PGN-ZVE), Cártel del Pacífico (CDP), Valencia Salgado e Independientes.

Mientras que, en Chiapas, se detectaron dos organizaciones delictivas predominantes como el CJNG y Cártel del Pacífico, los cuales se disputan esa entidad.

Y en Tabasco hay tres organizaciones delictivas: el CJNG, que está presente en el 60 por ciento de la entidad, Los Panteras y Cártel del Noreste (CDN).

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Morelos

Los documentos de la Sedena revelan que el crimen organizado se ha extendido en el estado de Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco.

En informes militares de febrero del 2019, se señala a Samuel Sotelo Salgado, actual secretario de Gobierno y exconsejero jurídico del estado, con vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva.

También ligados a Los Rojos y/o Gente Nueva y al Cártel Jalisco Nueva Generación aparecen José Manuel Sanz Rivera, ex Jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien dejó el cargo en mayo pasado, y José de Jesús Guízar Nájera, Subsecretario de Gobierno, quien renunció en agosto del 2019.

A Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, actual secretario de Desarrollo Social y expresidente del Congreso local, también se le vincula en el reporte con Los Rojos y/o Gente Nueva, al igual que al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara.

En los reportes también figuran cuatro diputados locales emanados del PRI, con nexos con Los Rojos y/o Gente Nueva.

El informe también incluye a un Senador ligado a distintos grupos delictivos.

En el Poder Judicial, aparecen identificados un magistrado y siete jueces orales, que han liberado a delincuentes por supuesta falta de pruebas, vinculados a Guerreros Unidos y al CJNG, así como abogados ligados al crimen.

Intromisión del General Sandoval en el caso de Ayotzinapa

Entre los documentos de la Sedena que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya, destaca una serie de cartas del general Luis Crescencio Sandoval al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las cartas Sandoval trata de influir en el desarrollo de las investigaciones oficiales sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En una descalificó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que buscaba investigar a soldados del 27º Batallón de Infantería, y en otra defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta vinculación con el grupo Guerreros Unidos.

También le recomendó rechazar la clasificación de Ayotzinapa como desaparición forzada, ya que “no se reúnen todas las causales para calificarlo de esta manera” y que su vinculación con un Crimen de Estado “podría resultar de gravedad para el gobierno mexicano”; de hecho, le urgió “reiterar que el crimen organizado manipuló a las autoridades de Iguala”.

Espionaje a periodistas, exfiscal de Veracruz y Ken Salazar

Las filtraciones sobre la Sedena muestran que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha utilizado un software para espiar a periodistas, activistas y otras personalidades.

Al menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos han sido espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló una investigación.

El espionaje que presuntamente el gobierno actual realizó en contra de periodistas y activistas en México, fue a través de Pegasus, que es el mismo software que se utilizó para infectar a más de 15,000 números durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), difundida el pasado fin de semana, encontró pruebas de al menos tres nuevos casos de espionaje de la Sedena en contra de periodistas y activistas, registrados de 2019 a 2021, a través del malware Pegasus.

De acuerdo con la investigación, los más recientes casos de espionaje documentados en México corresponden a Renato Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Raphael, periodista y escritor, y un periodista del medio Animal Político.

Según la investigación, existen pruebas de que detrás de estos casos de espionaje está la Sedena.

Incluso se señaló que los ataques se llevaron a cabo mientras estas tres personas hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas.

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Exfiscal de Veracruz

Los tres hijos, hermanos, esposa, madre y hasta una mujer identificada como la supuesta amante del exfiscal de Veracruz, Jorge “N”, fueron espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelaron documentos filtrados por Guacamaya Leaks.

Los correos hackeados a la Sedena datan desde el 15 de junio, un mes antes de la detención de Jorge “N” en Puerto Escondido, Oaxaca, y revelan que el exfiscal de Veracruz sostuvo conversaciones rastreadas vía GPS con su familia y hasta con un diputado del PAN.

Los correos revelan también que Jorge “N” se ubicaba en un lugar cercano a ellos, previo a ser detenido el 25 de julio del 2022, en Puerto Escondido.

Ken Salazar

Cuatro meses después de que Ken Salazar jurara como embajador de Estados Unidos en México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició un monitoreo puntual de las declaraciones y actividades del funcionario, revelan nuevos informes de Guacamaya Leaks.

El primer informe, data del 9 de diciembre de aquel año, y registró la reunión que Salazar sostuvo en Nuevo León con el grupo de gobernadores del noreste del país, con la misión de mejorar la eficiencia en las aduanas.

Los correos de la Sedena filtrados por Guacamaya, muestran que se han enviado al menos 21 informes sobre actividades, entrevistas y publicaciones en redes sociales del embajador en menos de un año.

El monitoreo rescató, además, reuniones del embajador Ken Salazar con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí; así como la visita que realizó a Chihuahua para un encuentro con la gobernadora María Eugenia Campos.

Aparecen también las felicitaciones que ha realizado al gobierno mexicano, las aclaraciones por la aprehensión del capo Rafael Caro Quintero, entre otros temas.

Además, “el monitoreo de la Sedena hizo también marca personal al exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien antecedió a Salazar y estuvo bajo el radar de la Secretaría.

Los correos dan cuenta de 25 informes sobre sus actividades, entre marzo de 2019 y enero de 2021, desde que Donald Trump lo propuso como embajador en México.

La Embajada de Estados Unidos no ha emitido ningún comentario al momento y el propio embajador Salazar se ha mantenido inactivo en sus redes sociales desde la tarde de ayer martes.

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