En sus primeros días de Gabriel Boric en la presidencia de Chile, recibe una sacudida a la realidad acerca del desafío de gobernar.

Esto al igual se debe aque prevalecen desconfianzas de larga data que ponen a prueba la voluntad y la perseverancia.

La ministra del Interior, Izkia Siches, fue recibida a balazos cerca del poblado indígena de Temocuicui.

Izkia buscaba ingresar como prueba de la honestidad presidencial cuando dice querer establecer un diálogo directo con el pueblo mapuche en su territorio.

El asunto se enredó más cuando ella, pese a la gravedad de lo acontecido, decidió no interponer una denuncia criminal por atentado contra la autoridad.

Su subordinado, el subsecretario Manuel Monsalve, dijo que evaluaban hacerlo. Las cosas no quedaron ahí.

“En el lugar de la emboscada había señales en torno a reivindicaciones de presos políticos mapuches y creo que esas son parte de conversaciones que debemos tener”.

Izkia dijo.

Lo cual el subalterno contradijo afirmando que “las personas están condenadas por un delito tipificado en el Código Penal, desde esa perspectiva no son presos políticos”.

Siches finalizó su semana inaugural contagiada de coronavirus, lo cual la alejará de las calles y de los medios, aunque sigue ejerciendo.

Manifestantes

Como si fuera poco, la policía reprimi a placer a los manifestantes que todos los viernes se reúnen en la denominada Plaza Dignidad, en Santiago.

Los manifestantes reclaman la libertad de unos 60 “presos de la revuelta” que están en las cárceles desde 2019 sin cargos en su contra.

Esa actuación policiaca desató cuestionamientos a Siches y a Boric desde la propia coalición gubernamental, el pacto Apruebo Dignidad.

La otra cara de la moneda, la de las cosas que salen bien, logró estar presente cuando el gobernante cumplió uno de sus compromisos con el mundo ecologista.

Logró firmar el Tratado de Escazú y enviarlo a ratificación legislativa, justo cuando la primera reunión de la Conferencia de las Partes tendrá lugar entre el 20 y 22 de abril en Santiago.

El acuerdo de Escazú es “un compromiso regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.

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