La Fiscalía General de la República (FGR) presentará un recurso de apelación en contra de la orden de una jueza federal para devolver un inmueble, propiedad de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado, la FGR informó que la propiedad no será devuelta y remarcó que fue adquirida ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero por lo que seguirá asegurada.

La FGR mencionó en su comunicado:

El inmueble que Emilio ‘L’, adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, sigue asegurado y no será devuelto; ya que el criterio expresado por la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable, al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma

Es necesario recalcar que la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, con toda contundencia, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad (Artículo 12 y 6º Transitorio)

Remarcó que dicho inmueble también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR no devolverá el inmueble a Emilio Lozoya

La FGR añadió:

Estos artículos y toda la Ley correspondiente, fueron convalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando revisó la totalidad de dicha Ley

La Fiscalía expuso que el recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal y se informará, en su momento, sobre los alegatos que la FGR expondrá al respecto.

Y finalizó en su comunicado:

Independientemente de lo anterior, dicho inmueble también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal diferente a éste, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se integró una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus un programa informático de espionaje, para la entonces Procuraduría General de la República en el año de 2014.

La contratación de Pegasus fue realizada por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor; Vidal Diazleal Ochoa, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La FEAI detalló en un comunicado que los delitos imputados a los involucrados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

El monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por el sistema Pegasus “que no lo tiene esta nueva administración”, que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente.

¿Qué investiga la FGR sobre el sistema de espionaje Pegasus?

La FEAI precisó que ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y se está en espera de su respuesta.

Indicó que esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente.

En febrero de 2018, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos exigieron a expertos independientes y organismos internacionales esclarecer el caso del espionaje supuestamente realizado por la administración federal pasada a través del sofisticado software Pegasus.

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Caso Segalmex: La FGR obtuvo 22 órdenes de aprehensión

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, giró orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas al desfalco multimillonario a Seguridad Alimentaria (Segalmex), por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero.

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La FGR informó que de las 22 personas acusadas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex.

Además, otros 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron.

Finalmente, otros 6 fueron los beneficiarios de los recursos de la dependencia que fueron desviados.

Mediante una tarjeta informativa, la FGR señaló aseguró que el grupo de presuntos responsables de delincuencia organizada y lavado de dinero  celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal.

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Precisó que este caso corresponde a la sexta judicialización que la FGR ha realizado en 4 carpetas de investigación, sobre desfalcos en contra de Segalmex.

Advirtió que existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado Mexicano.

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Amparo para Mario Aburto

Antonio González García, juez segundo de Distrito, fue el encargado de conceder el amparo a Aburto Martínez.

El juez consideró que la Fiscalía General de la República no ha investigado de forma adecuada las denuncias por tortura hechas por el indiciado.

Tras la reapertura del caso en 2022, Aburto ha intentado que el Estado mexicano reconozca las presuntas torturas y fallos en la integración de la investigación.

Esto desde su captura, realizada tras el asesinato de Colosio en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.

En octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la FGR al considerar sustentadas las acusaciones hechas por Aburto Martínez contra la autoridad.

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Desde su detención, el 23 de marzo de 1994, las autoridades han sostenido la hipótesis del “asesino solitario”.

Según la cual Mario Aburto, natural de Zamora, Michoacán, planeó y perpetró el homicidio solo.

Sin embargo, desde la reapertura del caso, la Fiscalía analiza otras líneas de investigación, entre las que se incluye una posible trama compleja.

Los términos del amparo concedido por González García no se revelaron al público, así como tampoco las instrucciones que deberá seguir el Ministerio Público a razón del mismo. 

Aburto, quien se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Guanajuato.

Pide ser considerado en el Registro Nacional del Delito de Tortura, lo cual aún no ha sido resuelto por las autoridades.

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FGR debe informar si hay investigación a Calderón: AMLO

La Fiscalía General de la República no ha dado informes sobre alguna investigación en contra del expresidente Felipe Calderón por una supuesta participación en el esquema de protección al Cártel de Sinaloa del cual fue considerado responsable el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, asi lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional. 

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El mandatario agregó que hay varias denuncias que se han interpuesto ante la FGR al mando de Alejandro Gertz Manero y destacó que también hay una acusación formal en Florida para recuperar los bienes que habría comprado el exfuncionario en Estados Unidos.

“Hicimos el compromiso de que se le tenía que preguntar a la gente, por eso se hizo una consulta, aunque millones de mexicanos votaron para que se investigara a los expresidentes no fue vinculatoria porque no se alcanzó el porcentaje”, dijo. 

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Destacó que aunque se declaró a García Luna culpable de haber cometido crímenes en suelo mexicano, esperará a que sea la FGR la que decida si tiene que informar, por lo que solicitaría a Alejandro Gertz Manero, su titular, informar sobre los avances en este caso. 

“La Fiscalía puede informar. No necesariamente aquí porque es una institución independiente”, dijo.

Añadió que además solicitará la presencia de Pablo Gómez en la conferencia matutina en Palacio Nacional para que informe sobre los contratos relacionados con la denuncia que se está llevando a cabo en Florida.

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FGR apelará decisión del juez sobre Rosario Robles

La FGR destacó que la ley señala que cuando hay una conducta prevista en dos leyes, cada una de se aplica independientemente de la otra.

Y así lo señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118.

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Dicha ley dice que las sanciones establecidas en esta Ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales, y al respecto establece:

“Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes”.

Lo anterior lo han ratificado los Jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Ganther Alejandro Villar Ceballos y la Magistrada Michele Franco González.

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Ahora, en el caso de la determinación tomada este día por el Juez Federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat del Reclusorio Sur, de sobreseer a favor de Rosario Robles Berlanga, con la misma se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos; razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente.

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Lupe Tapia fue vinculado a proceso

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un juez lo vinculara por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta; portación de arma de fuego agravada, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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A Guadalupe Tapia lo detuvieron cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le marcaron el alto por conducir una camioneta sin placa delantera, por lo que, al aproximarse al vehículo, se percataron que llevaban consigo dos armas de fuego largas.

Por esta razón, realizaron una revisión a la unidad donde localizaron mil 196 cartuchos, ocho cargadores; tres kilos 531.4 gramos de clorhidrato de cocaína y dos kilos 059.2 gramos de piperidamina sustancia considerada como precursor y estupefaciente, así como una báscula, 10 celulares y un radio de comunicación.

Al narcotraficante lo trasladaron a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial de la FEMDO.

En la audiencia inicial el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.

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Los argumentos resultaron suficientes y contundentes para que el Juez le otorgara la vinculación a proceso.

Además impusiera como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Cefereso 1 “Altiplano”, en Almoloya, de Juárez, Estado de México, y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

¿Qué delitos persiguen a ‘Lupe’ Tapia?

La DEA asegura que ‘El Lupe’ Tapia usó sus negocios para mover:

“Grandes cantidades de metanfetamina a la vez desde el interior de México hasta la frontera entre Estados Unidos y México, incluida Arizona”.

Además, según la agencia estadounidense, el presunto criminal mexicano controlaba rutas de trasiego de metanfetaminas y cocaína hasta la frontera suroeste de Estados Unidos.

Pese a que desde hace casi 10 años se sabía de sus operaciones, ‘El Lupe’ Tapia traficó drogas a EU sin que lo molestaran durante casi una década.

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Emilio Lozoya ganó amparo ante la FGR por el caso Odebrecht

Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó el amparo 983/2022, con el que le ordena a Kristian Javier Jiménez Hernández, agente del Ministerio Público de la Federación, dejar sin efecto la determinación que tomó en junio del año pasado para que estos documentos no fueran entregados a Lozoya.

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A pesar de que el ministerio público sostuvo que la defensa del exdirector ya había recibido estos documentos, la jueza Robledo Magaña sostuvo que no se le puede negar una nueva copia argumentando que ya tenían una.

“La norma no limita la cantidad de veces que puede obtenerse las mismas copias, por lo cual, en este caso, la responsable también implementa de forma injustificada una condicionante ausente en la norma, esto es, que solo se puede obtener las copias de la indagatoria en una ocasión”, afirmó.

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Ahora, Jiménez Hernández deberá de presentar un nuevo acuerdo en el que responda a la queja expresada por la defensa de Lozoya Austin, quien señaló que no recibió la copia de la carpeta.

Al exdirector de la paraestatal se le señala de presuntamente haber recibido sobornos por hasta 10.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, esto mientras estaba al frente de Pemex.

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Cabe recordar que ex funcionario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, quien enfrenta diversas acusaciones en los Estados Unidos por conspiración para importar cocaína,

La FGR tiene dos órdenes de aprehensión contra García Luna

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra del Superpolicía, “emitidas por jueces federales competentes, por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos”.

Las investigaciones contra Genaro García Luna

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, comandada por Alejandro Gertz Manero, los casos que se persiguen en contra del ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, son los siguientes:

El primero tiene que ver con el caso de la introducción de armamento a México desde los Estados Unidos con el programa denominado “Rápido y Furioso”. De acuerdo con las investigaciones, se ha logrado establecer que durante la iniciativa se permitió la entrada de armas al país con el objetivo de hacerles un seguimiento.

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El segundo caso es sobre la privatización de los Centros Federales de de Readaptación Social (CEFERESOS), donde García Luna habría tenido un rol principal, y mismo que habría generado “un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto”; apuntaron, además, que en este asunto se ha hecho un trabajo específico desde el Gobierno de México para revertir los daños.

SRE gestiona la extradición de Genaro García Luna

Por otra parte, las autoridades mexicanas informaron que hay otras dos investigaciones en el país en contra de uno de los llamados “Super Policías” de Calderón, mismas que se encuentran actualmente en curso, además de otra solicitud de aprehensión que por el momento está en trámite.

“Todos esos procedimientos son de la competencia de las autoridades federales mexicanas, por ser delitos cometidos en nuestro país”, apuntaron.

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Para finalizar, informaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores continúa con las gestiones ante las autoridades de los Estados Unidos para obtener la extradición de Genaro García Luna, mismas que se realizan dentro del marco de las limitaciones legales correspondientes.

El juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos

Actualmente, el ex secretario de Seguridad Pública enfrenta un juicio en los Estados  Unidos, donde se le acusa de haber permitido que el Cártel de Sinaloa expandiera su imperio de tráfico de drogas por todo el país y hacia los Estados Unidos a través de supuestos millonarios sobornos.

Uno de los más importantes juicios sobre el narcotráfico podría durar hasta ocho semanas, pues la Fiscalía tiene aproximadamente a 70 testigos en la bolsa, quienes contarán sus relaciones con el Superpolicía de Felipe Calderón, incluido quien más recientemente declaró en su contra, Sergio Villareal “El Grande”, operador de los Beltrán Leyva.

Medios locales han confirmado que será este lunes 30 de enero de 2023 cuando continúe el juicio, liderado por el juez Brian Cogan, quien también se encargó del caso de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, quien ya purga su condena vitalicia en un penal de máxima seguridad.

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Inés Gómez Mont anuncia acuerdo reparatorio con la FGR

Reportes extraoficiales señalaron que no se ha solicitado la prisión preventiva por los supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por una defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos que corresponden al ISR de 2017.

Además, aclararon que Gómez Mont tiene en su contra cuatro órdenes de aprehensión; tres por defraudación fiscal y otra por lavado de dinero.

“En una está por un delito de prisión preventiva oficiosa, lavado de dinero; es la única orden que viene emparejada la prisión preventiva, las otras no se solicita prisión preventiva, para que se solicite prisión preventiva, la persona tiene que ir ante el juez de control a su audiencia inicial y si se le vincula a proceso ahí se le hace la imposición de la medida, no con la orden de aprehensión”, explicaron fuentes cercanas de la presentadora.

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En su comunicado, la presentadora indicó que fue el 30 de noviembre de 2018 cuando celebró un Acuerdo Reparatorio de impuestos ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde realizó un pago de 13.5 millones de pesos.

Por último, aseguró que continuará con su defensa ante instancias judiciales.

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