El ex presidente iniciará su proceso de extradición a Perú, informaron las autoridades en California.

¿Quién es Alejandro Toledo?

Toledo, de 77 años, se entregó a las 09:15 horas locales a un tribunal federal de San José y quedó a disposición del servicio de alguaciles de Estados Unidos.

El político, que gobernó Perú de 2001 a 2006, salió de su residencia en Menlo Park acompañado de su abogada y su esposa, Eliane Karp.

Vestía una chaqueta verde, chaleco rojo, blue jean y zapatos deportivos.

Una amplia comitiva de medios aguardaba en la entrada del edificio federal Robert F. Peckham, a donde debía entregarse, sin embargo Toledo los evadió e ingresó discretamente por otro lugar.

Se entregó por la buena

Se espera que el proceso de extradición sea ejecutado en menos de una semana, de acuerdo con fuentes del sistema judicial.

Toledo, acusado en Lima en el marco del caso Odebrecht, ha negado siempre los señalamientos y presentó varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Estados Unidos autorizó en febrero.

Todos sus recursos para dilatar el proceso fueron denegados.

Estamos listos para trasladar al doctor Toledo a Perú para acatar la orden del tribunal”, dijo esta semana el fiscal general adjunto Kyle Waldinger.

El expresidente permanecerá “en una cárcel adecuada” hasta que sea entregado a las autoridades peruanas, detalló el juez Thomas Hixson, del distrito norte de California.

El político es residente en Estados Unidos, donde estudió y trabajó en la Universidad de Stanford.

Tras las acusaciones y el pedido de extradición de Lima, fue detenido en 2019 en California, y al año siguiente fue puesto en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

¿De qué se le acusa en Perú a su ex presidente?

Perú lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel.

Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados.

Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción:

1. Ollanta Humala (2011-2016)
2. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
3. Martín Vizcarra (2018-2020)
4. Pedro Castillo (2021-2022)

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.

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El expresidente peruano Alberto Fujimori lo hospitalizan por precaución este domingo.

A consecuencia de sufrir en prisión una descompensación en su salud por un mal cardíaco que lo aqueja, informaron las autoridades penitenciarias.

El domingo en horas de la madrugada, el interno Alberto Fujimori presentó un cuadro de descompensación, siendo evacuado de emergencia al hospital de Ate Vitarte de EsSalud, donde pudo ser estabilizado.

Instituto Nacional Penitenciario

Posteriormente, los médicos decidieron que fuera trasladado a la Clínica Centenario Peruano Japonés, para su respectivo monitoreo.

Fujimori, de 83 años y encarcelado desde hace 15, tuvo una baja de presión.

Y comenzó a hacer una fibriliación auricular durante la madrugada, según fuentes allegadas a su entorno.

El 3 de marzo pasado una situación similar provocó que se le internara de urgencia.

Además sufrió en su centro de reclusión una fuerte arritmia que hizo temer por su vida. 

Once días después se dio de alta y devuelto a la base policial donde es el único preso.

De origen japonés, Fujimori padece recurrentemente de problemas respiratorios y neurológicos e hipertensión.

Su nueva crisis de salud ocurre una semana después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara a Perú “abstenerse de implementar” una sentencia de su más alto tribunal que le restituyó un indulto de 2017.

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Perú puso en libertad al ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba cumpliendo una condena de 25 años por violación a los derechos humanos.

Una decisión que ha generado críticas de familiares de las víctimas de abusos y el rechazo del gobierno.

La máxima corte aprobó por votación de 4-3 un recurso habeas corpus, que pedía anular una resolución judicial que dejó sin efecto en octubre de 2018 un indulto humanitario para Fujimori.

Fue otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, precisó un comunicado de la entidad del Poder Judicial.

El presidente Pedro Castillo rechazó la decisión y afirmó que es producto de una “crisis institucional” que vive Perú.

Esto, en referencia a su discurso de esta semana en el Congreso en que reprochó las recientes acciones de varios organismos jurisdiccionales.

“Los órganos de justicia internacional a los que Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”

Afirmó.

Castillo declaró durante la campaña proselitista su intención de desmantelar el tribunal. Sin embargo, desde que asumió la presidencia, se había mantenido en silencio sobre el tema.

Eloy Espinosa, uno de los miembros de la corte, explicó que en el tribunal alegó por la libertad de Fujimori por motivos de su salud.

Mientras otro sostenía que debía mantenerse en prisión debido a un pronunciamiento anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Su excarcelación ahora es un trámite burocrático”

Lamentó Espinosa-Saldaña, quien sufragó contra la libertad de Fujimori.

Fujimori tiene problemas de salud

La semana pasada, el ex mandatario de 83 años, ingresó a una clínica por una afección cardiaca y en lunes fue dado de alta.

Fujimori, está preso en una base policial en Lima, donde según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas.

El ex mandatario fue condenado como autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y el de la Universidad La Cantuta, en 1992, mientras su gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista Sendero Luminoso.

El abogado del ex mandatario, César Nakazaki, estimó que Fujimori podría dejar la prisión el lunes o el martes tras los trámites.

“Acabo de conversar con el ex presidente, se ha emocionado, ha sentido gran alivio, era injusto que muriera en la cárcel”.

indicó frente al penal.

Protestas a favor de Fujimori

Grupos de izquierda convocaron protestas para ayer mismo. El primer indulto llevó a miles a salir a las calles.

Gisela Ortiz, ex ministra de Cultura y pariente de una de las victimas en una de las matanzas de la que se responsabiliza a Fujimori, repudió el fallo.

“Como familiares, sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado”.

Indicó.

La Corte Suprema había anulado el acto de gracia a la sentencia de Fujimori tras considerar que hubo irregularidades en el proceso.

Además, alegó que el político no sufría de una enfermedad terminal.

El recurso habeas corpus, el cual sostiene que la integridad y derechos constitucionales de Fujimori fueron vulnerados.

Este, fue presentado en 2020 por un abogado independiente que no forma parte de la defensa legal del ex mandatario.

Sus simpatizantes lo recuerdan como el profesor de matemáticas que llegó al poder, un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una hiperinflación de 7 mil 500 por ciento.

Sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992, juzgó a sus enemigos de movimientos insurgentes ante tribunales encapuchados y violó los derechos humanos para mantenerse una década en el poder.

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La corte indicó que permitiría que el exmandatario cumpliera la sentencia en su casa con una pulsera electrónica que registre su ubicación.

El abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, señaló que la sentencia era el máximo que podía enfrentar su cliente. Dijo que había hablado con Sarkozy, que le había pedido que recurriera.

“El veredicto no será aplicable” mientras se resuelve la apelación, añadió.

Sarkozy, que ocupó la presidencia del país entre 2007 y 2012, ha negado enérgicamente cualquier irregularidad.

Sarkozy no estaba presente en la sala cuando la corte de París anunció su veredicto. Estaba acusado de gastar casi el doble del máximo permitido por ley — 22,5 millones de euros (27,5 millones de dólares) — en la campaña para la reelección que perdió ante el socialista François Hollande.

La corte afirmó que Sarkozy “conocía” que el límite legal estaba en cuestión y “de forma voluntaria” no supervisó los gastos adicionales. La fiscalía había pedido una condena de seis meses de prisión con otros seis meses en suspenso, así como una multa de 3.750 euros (4.354 dólares).

El expresidente, de 66 años, fue condenado el 1 de marzo por corrupción y tráfico de influencias en otro caso. Recibió una condena de un año de prisión y otros dos años en suspenso por ese proceso, pero está en libertad mientras se resuelve la apelación.

Es la primera vez en la historia moderna de Francia que un expresidente es condenado y sentenciado a una condena de prisión por acciones durante su mandato. El predecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, fue declarado culpable en 2011 de malversación de fondos públicos durante su época de alcalde de París, y recibió una sentencia de dos años de prisión en suspenso.

En el caso sobre financiamiento de campaña, la fiscalía concluyó que Sarkozy supo semanas antes de las elecciones de 2012 que sus gastos -estrictamente limitados por la legislación francesa- se acercaban al límite legal. Los fiscales le acusaron de ignorar dos notas de sus contables alertando de la cuestión.

La corte dijo el jueves que aunque era consciente del riesgo de superar el límite, decidió organizar muchos mítines, incluidos algunos de gran escala. “Estos mítines fueron aprobados por Nicolas Sarkozy, y se benefició de ellos”, indicó la corte.

Durante el juicio, Sarkozy dijo a la corte que el dinero adicional no fue a su campaña sino que ayudó a enriquecer a otra gente. Negó cualquier “intento fraudulento” e insistió en que él no gestionaba el día a día de la campaña porque tenía un equipo para ello, y por lo tanto no se le podía responsabilizar por la suma gastada.

Además del expresidente había otras 13 personas acusadas, incluidos miembros de su partido conservador, los Republicanos, contables y responsables del grupo de comunicación encargado de organizar los mítines, Bygmalion.

Todos fueron declarados culpables, con sentencias entre penas suspendidas de prisión y dos años de arresto domiciliaria con pulsera electrónica. Entre los cargos figuraban falsificación, fraude y complicidad en financiamiento ilegal.

Algunos han admitido infracciones y detallaron el sistema de facturas falsas que pretendía cubrir todo el sobrecoste.

La fiscalía ha pedido en su mayor parte penas de prisiones en suspenso y hasta un año de prisión para el cofundador de Bygmalion.

Aunque se retiró de la política activa en 2017, aún juega un papel entre bambalinas. Según medios franceses, está inmerso en el proceso de elegir a un candidato conservador para las elecciones presidenciales de Francia del año que viene.

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