Mientras Canadá se prepara para ampliar su ley sobre la eutanasia para incluir a las personas con enfermedades mentales, algunos se preguntan si la muerte asistida ha ido demasiado lejos y muy rápido.

La doctora Madeline Li recuerda al primer paciente al que ayudó a morir, aproximadamente un mes después de que Canadá legalizara la eutanasia en 2016.

Recordó haber consultado a su paciente ese día, preguntándole si tenía la música y la comida final adecuadas, y si estaba segura de que quería seguir adelante.

La paciente, de unos 60 años, sufría de cáncer de ovarios. Cinco minutos después, la mujer estaba muerta.

La doctora enfatizó repetidamente que las opiniones personales de un médico no deberían influir en cómo evalúan a un paciente.

Sin embargo, admitió que tiene preocupaciones significativas sobre la expansión de la eutanasia más allá de los enfermos terminales.

Tercera modificación

Desde 2016, el programa de asistencia médica para morir de Canadá, (MAID), ha estado disponible para adultos con enfermedades terminales.

En 2021, se modificó la ley para incluir a las personas con afecciones físicas graves y crónicas, incluso si esa afección no representaba una amenaza para la vida.

Y este año se espera que sufra una nueva reforma para incluir a los que sufren enfermedades mentales.

Esta ampliación ha provocado controversia y ha generado preocupaciones de que sea demasiado fácil para las personas vulnerables morir en Canadá.

Esos temores han sido avivados por una serie reciente de informes que sugieren que, la muerte es una alternativa a una red de seguridad social rota.

La muerte asistida médicamente llegó a Canadá a través de los tribunales.

En 2015, la Corte Suprema dictaminó que prohibir el suicidio asistido privaba a los canadienses de su dignidad y autonomía. Asimismo, le dio al Parlamento un año para legislar sobre el asunto.

En 2016 se legalizó la eutanasia para los mayores de 18 años con una condición grave e irreversible y cuya muerte era “razonablemente previsible”.

En su primer año de aplicación poco más de mil personas fueron ayudadas a morir, un número que ha crecido cada año desde entonces.

En 2021, hubo 10 mil 064 casos, lo que representa el 3,3% de todas las muertes en Canadá.

Visiones encontradas

Las encuestas de opinión indican que los canadienses apoyan ampliamente el acceso a al menos alguna forma de suicidio asistido.

La muerte de los enfermos terminales a menudo puede ser cruel y lenta.

En sus últimos días los pacientes se la pasan entrando y saliendo de una conciencia drogada. La existencia de la muerte asistida en estos casos, se convirtió en un bálsamo.

La expansión del MAID siguió a otra decisión judicial, luego de que dos pacientes con enfermedades degenerativas de Montreal presentaran una demanda.

El fallo colocó a Canadá en el puñado de países, incluidos Bélgica y Países Bajos, que permiten la muerte asistida médicamente para quienes no sufren una enfermedad terminal.

El cambio incluyó a personas cuya única condición médica era una enfermedad mental, pero con una advertencia:

• Las solicitudes para suicidio asistido por razones psiquiátricas se retrasarían dos años, mientras el gobierno federal establecía las salvaguardas adecuadas.

La ampliación que se avecina ha desatado un intenso debate, ha sembrado dudas sobre el programa para los enfermos que no son terminales.

Los primeros críticos incluyen a tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes escribieron al gobierno federal en 2021.

• Advirtiendo que la reforma podría devaluar la vida de las personas discapacitadas al implicar que una discapacidad grave es peor que la muerte.

Una serie de informes que sugieren que algunos canadienses han optado por la muerte asistida, al menos en parte porque no podían pagar una vivienda adecuada.

Esto también ha generado temores de que podría usarse como solución para los problemas sociales; es decir que la gente opte por morir debido a la pobreza, falta de vivienda o soledad extrema.

Ejemplos preocupantes

En 2019, Alan Nichols, de 61 años, optó por el suicidio asistido luego de ser ingresado en un hospital de la provincia de la Columbia Británica.

En los días previos a su muerte, estaba agitado, confundido y se negó a usar el implante que lo ayudaba a oír. En su solicitud para que se le aplicara el MAID, la razón declarada fue “pérdida de audición”.

Las autoridades iniciaron una investigación después de que al menos cuatro veteranos fueran invitados a considerar el suicidio asistido por un trabajador social de Asuntos de Veteranos.

La veterana y paralímpica Christine Gauthier dijo que el empleado le ofreció la opción después de que pidió que se instalara una rampa para sillas de ruedas en su casa.

Ley blindada

Desde el gobierno federal sostienen que la ley reformada ampliada protege a los canadienses vulnerables y respeta la autonomía del paciente.

Los solicitantes con afecciones graves e incurables pero que no ponen en peligro la vida deben ser evaluados por dos médicos independientes y un período de espera de 90 días.

Los defensores de la muerte asistida insisten en que las protecciones existentes son lo suficientemente fuertes.

En 2021, la edad promedio de un beneficiario del suicidio asistido fue de 76 años. El 80% había recibido cuidados paliativos y el 65% tenía cáncer.

Pero la inclusión de la salud mental ha generado otro conjunto de preocupaciones.

Ante las crecientes críticas, el gobierno canadiense dijo que aplazaría la decisión de incluir las enfermedades mentales, programada para marzo, para permitir estudios adicionales.

Gran parte de la controversia se centra en la “irremediabilidad” de una enfermedad mental, es decir, si es incurable y cómo podría evaluarse.

Para que una persona sea elegible para la eutanasia en Canadá, su condición debe considerarse irreparable.

La Asociación Canadiense de Salud Mental advirtió que “no es posible” determinar si algún caso particular de enfermedad mental es incurable y se opone firmemente a la decisión gubernamental.

Algunos psiquiatras destacados, han dicho que las probabilidades de predecir la curabilidad son peores que lanzar una moneda al aire.

Ahora no está claro cuándo entrará en vigor la reforma de la ley de muerte asistida.

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El último y polémico plan de  Nueva York para evitar que los enfermos mentales languidezcan en la vía pública se presenta como una estrategia de sentido común para conseguirles ayuda.

Al animar a los agentes de policía y a los médicos municipales a que lleven a más personas con trastornos psicológicos a los hospitales, el alcalde Eric Adams afirma que está abordando humanamente un problema en lugar de mirar hacia otro lado.

Pero su política tendrá que superar un desafío legal y la fría acogida de algunos legisladores municipales.

En las salas de urgencias, los psiquiatras deben determinar si esos pacientes necesitan hospitalización, quizá contra su voluntad.

La dificultad del ejecutar el plan

“Algunas personas llegan muy agitadas y hay que inmovilizarlas nada más entrar en urgencias… Pero también hay quienes llegan muy calmadas y tranquilas, pero acaban de intentar suicidarse hace dos horas”

Dijo el doctor Joel A. Idowu, quien dirige el departamento de psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Richmond, en Staten Island.

“Una persona que ahora está estable puede volverse inestable mañana”.

Comentó Adams, capitán de policía reconvertido en político, anunció el plan a finales de noviembre.

El primer mandato del demócrata se ha centrado en lo que considera el restablecimiento de una sensación de seguridad y funcionalidad cívica interrumpida durante la pandemia de coronavirus.

Entre otras cosas, las calles y los metros menos concurridos dieron nueva visibilidad a las personas que vivían en ellos, algunas de ellas enfermas mentales.

Según la ley estatal, la policía puede obligar a las personas a ser trasladadas a hospitales para su evaluación si parecen enfermos mentales y su comportamiento supone un riesgo sustancial de daño físico para otros o para sí mismos.

Esto suele interpretarse como personas violentas o con tendencias suicidas.

Pero Adams dijo que está utilizando el espacio dentro de la ley para hacer frente a las personas “cuya enfermedad les está poniendo en peligro al impedirles satisfacer sus necesidades humanas básicas”.

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