Un mexicano que fue arrestado por agentes migratorios en 2017 podrá permanecer en el país al menos los próximos cuatro años bajo un acuerdo con el Departamento de Justicia.

El arresto fue pese a estar inscrito en un programa que protege a las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos

La fiscalía federal en Seattle anunció el acuerdo con Daniel Ramírez Medina, de 29 años. No le concedió dinero pero le permite una oportunidad de obtener estatus legal en Estados Unidos.

Agentes migratorios arrestaron a Ramírez en 2017 en un complejo suburbano de apartamentos a donde habían acudido a arrestar a su padre, que tenía antecedentes penales y ya había sido deportado.

La detención de Ramírez durante 46 días generó interrogantes en torno al futuro del programa DACA, un periodo en el que sobresalió la prohibición de Trump a recibir viajeros de ciertos países musulmanes.

“En esencia, este acuerdo le da al señor Ramírez Medina unos antecedentes limpios en un momento en que él trabaja para obtener estatus legal en Estados Unidos”.

Nick Brown, fiscal federal de Seattle

“Estoy complacido de que este acuerdo no involucre ningún pago monetario y a pesar de ello vaya al fondo de lo que el señor Ramírez Medina desea: Una oportunidad justa de obtener estatus legal en Estados Unidos”.

Luis Cortes Romero, abogado de Ramírez, dijo que su cliente estaba “encantado y aliviado de que puede permanecer en Estados Unidos después de que el gobierno luchó tan duró para deportarlo”.

Ramírez ha estado viviendo en Des Moines, y recientemente se casó con una estadounidense. Ha estado trabajando de noche como barrendero en estacionamientos con el fin de poder pasar tiempo con su hijo durante el día, señaló Cortes.

El futuro del programa DACA sigue en la incertidumbre.

Fue creado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama como una forma de permitir que inmigrantes jóvenes que cumplen la ley se queden y trabajen en Estados Unidos, el único país que conocen realmente.

Trump intentó poner fin al programa. Pero en 2020 la Corte Suprema federal falló por 5 votos a favor y 4 en contra que lo hizo inadecuadamente, al no seguir los procedimientos federales, y por lo tanto el máximo tribunal permitió que siguiera en vigor.

El programa permanece intacto para las aproximadamente 600 mil personas inscritas, pero no se permiten nuevas inscripciones.

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Más de 80 grandes compañías estadounidenses enviaron una carta para alertarles de una crisis inminente si no toman acciones en favor de los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La misiva está firmada por:

• Apple
• Meta
• Amazon
• Google
• Starbucks

Y dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, al líder de la minoría republicana en esa cámara, Kevin McCarthy, y a los líderes de la mayoría demócrata en el Senado.

Desde 2012, DACA ha ofrecido permiso laboral y protección frente a la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños.

Los beneficiarios de DACA, se enfrentan a la amenaza de perder su autorización de trabajo y esa protección, mientras los negocios corren el riesgo de perder a trabajadores decisivos.

Un juez federal de Texas decidió mantener el DACA, pero prohibió expedir nuevas solicitudes, después de haber declarado ilegal este amparo que protege a más de un millón de “soñadores”.

“Cuando expire el último permiso de trabajo de un beneficiario de DACA, EU habrá perdido más de 500,000 empleos y la economía perderá 11,700 millones de dólares anuales -unos 1,000 millones de dólares mensuales- en ingresos provenientes de beneficiarios de DACA que solían estar empleados”.

Apunta esa carta.

Grandes empresas de EU salen en defensa del programa migratorio DACA

DACA fue puesto en marcha por el Gobierno de Barack Obama como una medida temporal.

Pero Donald Trump, decidió en el primer año de su mandato ponerle fin, lo que desencadenó un efecto dominó de demandas y contra demandas en tribunales que llevaron a la situación actual.

Los firmantes calculan que debido a que las solicitudes y renovaciones de DACA se otorgaban por orden de llegada.

El fin de este programa implicará que unos 22,000 empleos se perderían todos los meses en los próximos dos años.

Eso equivale a cerca de 1,000 pérdidas de empleos por día laboral en un momento en que la economía estadounidense afronta ya “una escasez considerable de mano de obra”.

“Los ‘soñadores’ son una parte esencial del entramado de nuestra nación. Fortalecen las comunidades, logran que nuestras compañías sean más innovadoras y merecen el derecho de vivir con dignidad en Estados Unidos. (…) Es hora de que el Congreso actúe”.

Resumió el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

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El Gobierno de Joe Biden, emitió una nueva normativa para el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Con la intención de protegerlo ante las demandas judiciales en su contra.

La normativa entra en vigor a finales de octubre y mantiene los mismos criterios que existen sobre el proceso de inscripción.

Y sobre quiénes califican como beneficiarios: los conocidos como “soñadores”, migrantes irregulares que llegaron al país siendo menores de edad.

El programa DACA fue creado en el 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, por medio de un memorando que protegía de la deportación a más de 600,000 soñadores.

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso por preservar y fortalecer DACA completando una norma que refuerza las protecciones (…) que permiten a los soñadores vivir con mayor libertad”.

Biden en un comunicado.

Sin embargo, el futuro de DACA está condicionado a la decisión de un Tribunal de Apelaciones en Luisiana.

Ante las denuncias contra el programa presentadas por varios estados gobernados por republicanos, entre ellos Texas.

Buscan darle mayor legitimidad al programa DACA…

Con el cambio en la figura jurídica de este miércoles, Biden espera fortalecer el programa ante los desafíos legales, explicó a Efe Julia Gelatt, experta en temas migratorios del Migration Policy Institute.

“El motivo por el que se está creando esta norma es para darle una mayor base legal a DACA”, contó Gelatt.

A principios de julio, el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans escuchó los argumentos en el caso sobre el programa.

Andrew Hanen se puso del lado de los estados demandantes al opinar que DACA violó el proceso administrativo cuando fue creado y ordenó prohibir la concesión de nuevos permisos bajo este marco.

La nueva normativa no exime al Departamento de Seguridad Nacional de acatar esta prohibición.

El Gobierno ha defendido el beneficio migratorio en los tribunales y aún no está claro si el caso llegará al Supremo.

Varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes han pedido al Congreso estadounidense aprobar una legislación que permita darle un estatus permanente a los beneficiarios de DACA. 

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El gobierno del presidente Joe Biden expresó ante la corte de apelaciones del Quinto Circuito en defensa de la política que impide deportar a los “dreamers” o soñadores.

Es decir los inmigrantes irregulares que llegaron de niños a Estados Unidos.

Esta política llamada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia fue lanzada por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger a estas personas contra la deportación y permitirles trabajar.

Según los últimos datos proporcionados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el 31 de diciembre del año pasado 611,470 personas tenían este estatus.

En julio de 2021 el juez Andrew Hanen de la corte federal de Texas dictaminó que DACA es ilegal. Permitió que se sigan procesando las renovaciones, pero prohibió que se procesen nuevas solicitudes.

“El memorándum DACA de 2012 impugnado en este caso es legal en su totalidad y debe mantenerse”.

Brian Boynton, abogado del Departamento de Justicia.

Insistió en que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tiene autoridad para establecer prioridades a la hora de aplicar la ley de inmigración.

Derroche de dinero, acusa Texas

Texas y otros estados dirigidos por republicanos estiman que el programa los ha perjudicado con decenas de millones de dólares gastados en servicios de salud para atender a los soñadores.

“Texas no proporcionó pruebas de que DACA aumentara el uso de los servicios estatales”.

Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo de Educación y Defensa Legal México-Estadounidense

El fiscal general de Nueva Jersey Jeremy Feigenbaum también salió en defensa de este programa, que acaba de cumplir 10 años.

Para acogerse al DACA, estos inmigrantes deben vivir en Estados Unidos desde 2007 y haber llegado antes de cumplir 16 años.

También deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las fuerzas armadas y no tener antecedentes penales.

El DACA nació como una medida provisional y sigue siéndolo a falta de una iniciativa definitiva del Congreso, pero se halla bajo amenaza.

En 2017 Donald Trump quiso ponerle fin alegando que era inconstitucional, lo que provocó una batalla judicial que terminó en la Corte Suprema.

Esta última lo mantuvo abierto para los beneficiarios pero impidió la presentación de nuevas solicitudes.

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