César Siles, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, declaró a la cadena ATB que el gobierno negociará con diversos sectores otra ley contra el lavado de dinero, y destacó que Bolivia está obligada a aprobar una legislación de estas características en virtud de los convenios internacionales suscritos.

En su documento de exposición de motivos por el cual se procedía a anular la norma, el MAS recordó el golpe de Estado de 2019 que obligó al entonces presidente Evo Morales a renunciar, lo que fue rechazado por la mayoría de las bancadas de oposición, que votaron contra la iniciativa.

Existe una agenda política de sectores que han cuestionado la ley a través de “manipulaciones” con el fin de “desestabilizar al gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo boliviano”.

César Siles

Gobierno y el lavado de dinero

El MAS aseveró que el gobierno escuchó a las organizaciones sociales del país, y decidió abrogar la ley para que no haya excusas que avalen una paralización de la economía, ni intereses particulares que recurran a fuerzas paramilitares “del mismo modo que hicieron durante el golpe de 2019”.

La oposición exigió la eliminación del documento por considerar que se criminaliza la protesta de algunos sectores de la ciudadanía.

El debate se destrabó luego de que el líder de la bancada del MAS, Gualberto Arispe, propuso la eliminación de un párrafo en el que se apuntaba a “personas inescrupulosas” como las causantes de “desinformación a la población” y generadores de “zozobra”.

Los departamentos de Santa Cruz y Potosí mantienen desde principios de este mes un paro indefinido en rechazo a la ley contra el lavado de dineo, mientras durante la noche del lunes se reportaron marchas en Cochabamba y bloqueos esporádicos en Sucre, informó el diario Los Tiempos.

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