México conmemoró el martes 26 de septimebre con una multitudinaria marcha en la capital el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos de violación de derechos humanos que más ha conmovido al país, en medio de fricciones entre el gobierno mexicano y los familiares de los jóvenes que denunciaron trabas del Ejército en el esclarecimiento del caso.

Al grito de “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa”, varios miles de manifestates acompañaron a los familiares que, levantando carteles con las fotografías de los jóvenes desaparecidos y también para recordar el hartazgo de los familiares de los jóvenes en un momento que consideran de retroceso después de años de pequeños avances.

“Queremos desde esta tribuna rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada el día de ayer por este gobierno”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Se afirma de manera categórica que el móvil del asesinato de la desaparición de los jóvenes obedece a una disputa entre los grupos delictivos, que estaban infiltrados los estudiantes por grupos delictivos, son afirmaciones que están más cercanas a la verdad histórica que a las nuevas investigaciones”, había declaró Rosales poco antes a los medios comunicación. 

Lamentan respuesta de AMLO y marchan contra su gobierno

Los familiares de las víctimas acusan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no entregar toda la información que posee sobre el caso.

#ÚltimaHora “Estamos en una etapa crítica y difícil”, dice Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y rechaza el informe del Gobierno Federal. pic.twitter.com/KviGYBkc4L

— Adela Micha (@Adela_Micha) September 27, 2023

“Son nueve años de la desaparición forzada de nuestros hijos (…). Lamentamos que la respuesta de AMLO sea ponerse enfrente de esa institución (el Ejército)  y no delante de la verdad y de la justicia”, dijo a la AFP Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, uno de los 43 estudiantes. 

El lunes, los padres de los jóvenes acusaron al presidente Andrés López Obrador, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, que no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Este martes, el abogado detalló que la declaración presentada el lunes a los padres y que el miércoles se presentará a medios de comunicación recurre a pruebas que ya se desestimaron y no avanza en el objetivo principal de los familiares, que es saber qué sucedió y conocer el paradero de los jóvenes.

La marcha, la más multitudinaria de los últimos años, transcurrió desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el Zócalo con tranquilidad aunque hubo escasos destrozos en el mobiliario urbano. 

Por medidas de seguridad, las autoridades colocaron vallas de metal en los alrededores del Palacio presidencial para evitar posibles daños a la edificación histórica por parte de los manifestantes.

Insisten en liberar información en poder de los militares; familiares de Ayotzinapa marchan en CDMX

Los padres marcharon al frente de la movilización y se pararon frente al antimonumento de los 43 estudiantes, ubicado en el paseo de la Reforma, donde realizaron un conteo como recordatorio ante la larga ausencia de sus hijos.

Encapuchados que participaron en la marcha por los nueve años del caso Ayotzinapa causaron destrozos en una sucursal de Sonora Grill.

Vía @amarilloalarconpic.twitter.com/6ABhQL3kKS

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 27, 2023

Al llegar al Zócalo hicieron un mitin donde recordaron que su prioridad es conocer el paradero de sus hijos y exigieron una vez más que se continúen las investigaciones de manera rigorosa y seria, alejándose de la verdad histórica, además de insistir en la necesidad de que el Ejército libere la información faltante.

López Obrador ha defendido la actuación de su gobierno, que concluirá en 2024, recordando que por el caso están presos dos generales, otros 20 integrantes del ejército entre oficiales y soldados, un exfiscal general y unas 120 personas más.

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Tomás Zerón se quedó sin amparo por el caso Ayotzinapa

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, negó el amparo para dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón de Lucio por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos, todos relacionados con el caso Ayotzinapa.

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Cabe destacar que el pasado 17 de noviembre de 2022, Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, negó amparar al exfuncionario contra la orden de aprehensión girada en su contra el 23 de abril de 2021. 

En su demanda de amparo, la defensa de Tomás Zerón alegó que era incorrecto girar una orden de detención en su contra, debido a que no fue citado previamente a ejercer su derecho de legítima defensa. También señaló que no existían pruebas para acusarlo de tortura. 

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De acuerdo con la lista de acuerdos fechada con el 24 de marzo del presente año, se señala que por votación unánime el Tribunal Colegiado, confirmó la negativa de dar la protección federal al exfuncionario de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

A Tomás Zerón de Lucio se le acusa de tortura y desaparición contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, integrante del Cártel de los Guerreros Unidos, a quien detuvieron el 15 de enero 2015.

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Caso Ayotzinapa: Detienen a 9 policías

Los detenidos son policías estatales y municipales que el 26 y 27 de septiembre de 2014 habrían participado activamente en la detención, desaparición y asesinato de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos.

Autoridades federales consultadas confirmaron que la aprehensión estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, con apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Dijeron que detuvieron a dos de las personas el martes 21 de marzo. Se trata de los hermanos y policías municipales Navis M. Z., e Imer M. Z.

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A las otras siete personas, policías estatales, las detuvieron en el transcurso de este miércoles. Se trata de Sandra G. G.; Juan D. M.; Ramiro A. S.; Lorenzo B. H.; Noel B. G.; Pablo J. M. y Alberto C. A.

Dichas personas quedaron a disposición de un Juez quien determinará su situación jurídica en las próximas horas, dentro de la Causa Penal 15/2022.

Otras detenciones por la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa

Estas detenciones se suman a otras que se han realizado desde los hechos en 2014.

Y se registra ya a 8 años y medio de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, tras una agresión a balazos donde murieron 3 estudiantes, y 3 civiles más.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacó que, en adelante, serán la FGR y la AIC las instancias que otorguen más información sobre dichas detenciones.

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Esta es la primera ocasión en que se ejerce acción penal en contra de elementos de la Policía del Estado.

Lo anterior por los hechos registrados la noche del 26 y madrugada del septiembre de 2014 en Iguala.

En octubre de 2022, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Leonardo Vázquez Pérez, extitular de la SSP en Guerrero.

Lo anterior por mantener supuestos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos (GU), pero no específicamente por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

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y por la negativa del juez segundo penal en el Estado de México de entregarles copias certificadas del pliego de consignación y del mandamiento judicial, bajo el argumento de que revisten sigilo.

Niegan amparo a militares detenidos por caso Ayotzinapa

El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, declaró improcedentes los actos reclamados del general José Rodríguez Pérez; el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa.

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Esto toda vez que ya se les dictó formal prisión y le fueron entregados a su defensa  copias certificadas de los datos de prueba recabados en su contra por la Fiscalía General de la Republica (FGR).

“Se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque como se advierte del oficio  de mérito, la autoridad responsable autorizó y citó al defensor de los quejosos a efecto de que se le entreguen las copias certificadas del pliego de consignación y de la orden de  aprehensión, de cuya negativa se dolían en esta instancia  constitucional”.

Por lo que han cesado los efectos del acto reclamado y el juicio de amparo, “deviene improcedente, aun cuando al momento de la  presentación de la demanda, se estimaba que existía violación a derechos fundamentales previstos en la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la  fecha, éstos han cesado”.

Los tres militares permanecen presos desde septiembre en el Campo Militar 1-A, tras su detención por la FGR por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, en el caso Ayotzinapa.

El general José Rodríguez Pérez, militar de más alto rango detenido por este caso, se le señala de ordenar la muerte y desaparición de seis normalistas.

Lo anterior cuando estuvo al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que habrían estado con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

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El mandatario señaló que Encinas es un hombre honesto, íntegro, incapaz de falsear o fabricar información.

GIEI pone en duda mensajes de WhatsApp sobre caso Ayotzinapa

Ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que no es posible saber el origen y autenticidad de los mensajes de WhatsApp que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), encabezada por Encinas, utilizó como base para su investigación de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Los expertos Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Carlos Beristain revelaron inconsistencias en los supuestos mensajes de WhatsApp del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que daban nueva información sobre la desaparición y destino de los estudiantes.

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AMLO defiende investigación sobre el caso Ayotzinapa

El presidente López Obrador reiteró que le tiene toda la confianza al subsecretario de Derechos Humanos.

Además, destacó que se tienen todos los elementos para sostener la investigación, se van a seguir con las averiguaciones y se van a ir consolidando y fortaleciendo esta investigación.

“Lo que sucede es que pensaban que no íbamos a actuar y que se iba a ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Jesús Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención, cuando se toma la decisión que no habrá impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando, por eso hubo una especie de rebelión al interior de la FGR, porque no esperaban que se actuara como se hizo”.

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El presidente López Obrador rechazó que la Covaj se haya precipitado o fabricado pruebas, pues  el informe está elaborado son elementos sólidos y hay más de una prueba en cada caso.

Señaló que esta descalificación es otro tipo de casos porque en el fondo lo que está es el “deseo ferviente del conservadurismo” que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en otros casos, que apuestan que nos vaya mal, siempre es así. Están ofuscados nuestros adversarios”.

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GIEI duda de la veracidad de mensajes de WhatsApp

Dichas capturas forman parte del informe presentado, el pasado 18 de agosto por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) para este caso.

“Se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes, o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta Exiftool.

“Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot objeto del análisis forense solicitado”, explicó Francisco Cox Vial, integrante del GIEI.

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El especialista detalló otras inconsistencias detectadas en las capturas de pantalla que proporcionó la CoVAJ, como funciones de la aplicación que no operaban en septiembre de 2014 o inconsistencia en las fechas de creación.

“El ‘doble check azul’ en algunos mensajes capturados mediante screenshot aparentemente en octubre de 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la App el 20 de noviembre de 2014.

“Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del Screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envió de los mensajes”, detalló Cox Vial.

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Inconsistencias en la investigación del caso Ayotzinapa

Ángeles María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain y Cox Vial ofrecieron una conferencia de presenta, la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en donde informaron de las inconsistencias detectadas en el informe de la CoVAJ y condicionaron su permanencia como grupo coadyuvante en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“El grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros dos se retiran del caso.

“Dicha decisión es en principio por los próximos dos meses mientras se realiza una evaluación global del caso y el seguimiento de la situación de los familiares. En esta propuesta se mantiene el acuerdo internacional y se suman algunas condiciones que han sido señaladas en esta presentación pública y documento”, informó Beristain.

Se indicó que Buitrago y Beristain permanecerán en México como enlace con los nuevos integrantes de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR).

Agregó el investigador que esta medida transitoria solamente persistirá si esas condiciones se cumplen íntegramente.

“Reconducir y fortalecer la investigación ahora que una parte de estos procesos de judicialización se han puesto en marcha es determinante para el esclarecimiento.

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“Existe numerosa evidencia para ello, y se necesita compromiso y consistencia para poner una distancia definitiva y una ruptura con formas de actuación como las aquí señaladas”, dijo.

El GIEI consideró que el proceso en contra de militares y del exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, están en riesgo ante las evidencias desvirtuadas.

“Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de mostrar que la voluntad política junto a la independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso y en otros muchos miles que se han dado en el país.

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“A pesar de lo que se ha dicho estas semanas, la investigación está suficientemente fortalecida, ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con la inconsistencia y mentiras de la llamada Verdad Histórica”, afirmó Beristain.

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A Vázquez Pérez se le acusa de delincuencia organizada por presuntas relaciones con el grupo criminal Guerreros Unidos, como parte de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas.

Extitular de seguridad de Guerrero detenido por el caso Ayotzinapa

Leonardo Octavio Vázquez y el exfiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, comparecieron en el 2014 ante la FGR por la investigación del caso Ayotzinapa.

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El 24 de septiembre pasado el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México emitió una orden de aprehensión en su contra.

A Leonardo Octavio Vázquez las autoridades federales lo señalan de colaborar y brindar protección a integrantes de Guerreros Unidos a cambio de recibir 50,000 dólares mensuales. Tras su detención, el extitular de la dependencia estatal fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Paralelamente, agentes ministeriales federales capturaron en Iguala, Guerrero, a Rodolfo Nava Ortiz, expolicía municipal de Huitzuco.

¿Cómo van las pesquisas?

Actualmente las pesquisas por la desaparición de los 43 normalistas mantienen en prisión a 70 personas, entre ellas el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

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Las investigación de la comisión presidencial del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, ha puesto peso en la presunta participación de militares en la desaparición de los estudiantes.

Es por ello que se encuentra detenido el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, general José Rodríguez Pérez, y dos militares más.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, según dijo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también encabeza la comisión presidencial del caso.

De un total de 83 órdenes de aprehensión que inicialmente solicitó a los jueces por este caso, la Fiscalía General de la República canceló 21.

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Una de las ordenes de aprehensión que falta por cumplimentarse es contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada; además de César Nava González, exjefe de la Policía de Cocula, acusado de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada; y el exsubdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares.

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Abogados de los militares preparan denuncia contra Encinas

El motivo de la denuncia contra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), es por presentar pruebas “inventadas y falsas” en el caso Ayotzinapa.

Así lo informaron fuentes cercanas a los militares, detenidos en el Campo Militar 1-A, el general José Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como coronel del 27 Batallón de Infantería de Iguala en Guerrero; el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

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Esto ocurre luego de la entrevista que se publicó en el periódico The New York Times, donde Encinas reconoció que hay pruebas sin verificar tras los mensajes de WhatsApp que se integraron a la investigación sobre lo que ocurrió con los estudiantes.

Las fuentes consultadas manifestaron que como parte de las pruebas los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández solicitaron la presentación del funcionario como testigo y no se sabe la fecha del citatorio.

Detallaron que las declaraciones del también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a The New York Times sólo comprueban lo dicho desde un principio por la defensa, que se inventaron y son falsas.

Resaltaron que el subsecretario será sancionado de acuerdo al artículo 247 del Código Penal Federal.

Conversaciones falsas de WhatsApp

El pasado 27 de septiembre, a las afueras del Campo Militar 1-A, los abogados de los militares presos manifestaron que las capturas de pantalla de supuestos chats entre miembros de un grupo criminal (Guerreros Unidos) y el entonces coronel Rodríguez Pérez y el capitán Martínez Crespo eran falsas.

“En los mensajes atribuidos al personal militar se observan ciertas características infográficas como líneas, cambios de coloración y otros indicios de haber sido editados. El contenido de las supuestas conversaciones incriminatorias atribuidas a Rodríguez Pérez y Martínez Crespo no corresponde con ninguna referencia o declaración recabada con anterioridad, es decir, resultan incongruentes con el resto de la investigación”, detallaron los litigantes.

Calificaron como sospechoso que en las supuestas conversaciones atribuidas a más de 15 sujetos se escriban palabras con notorias faltas de ortografía como “ai”, “poes”, “hace” o “asta”.

Lo cual indica que una sola persona pudo originarlos.

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Al capitán Crespo, que permanece detenido desde 2019 por el probable delito de delincuencia organizada, se le añadió desaparición forzada.

El 15 de septiembre el gobierno federal informó sobre las detenciones del general Rodríguez Pérez, señalado por el supuesto delito de delincuencia organizada.

Al subteniente Pirita Ochoa y al sargento Mota Esquivel, por los probables delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, que se sustenta en declaraciones del testigo protegido “Juan”, quien es Gildardo López Astudillo, El Gil, integrante de Guerreros Unidos.

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¿Reactivarán las órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa?

Tras la reunión con familiares de los estudiantes, el mandatario consideró que de existir pruebas suficientes, se podría buscar la emisión de éstas, incluidos la de los 16 militares.

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En septiembre, la FGR canceló 21, de 83, órdenes de aprehensión contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Según el diario El País, 16 órdenes corresponden a las de militares acusados de delincuencia organizada.

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Entre ellos se encuentra Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, cuando ocurrió el ataque contra los 43 jóvenes.

También se encuentran las ordenes contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y tres funcionarios del poder judicial de Guerrero.

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Cabe recordar que en dicho municipio del estado de Guerrero, 43 estudiantes normalistas desaparecieron en 2014.

¿Quién es el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa?

El nuevo fiscal, originario de Tabasco, es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho Penal.

Fue consejero y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT); así como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, y ha ejercido como catedrático en materia de derecho.

También se desempeñó como subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y como magistrado presidente y supernumerario del Tribunal Superior de Justicia.

En 2018 lo designaron nuevo secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, por lo que es cercano al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Desde enero pasado era director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Gómez Piedra sustituirá a Gómez Trejo

Rosendo Gómez Piedra llega apenas unos días después de que Omar Gómez Trejo dejara el cargo “por diferencias”.

Según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 27 de septiembre en su tradicional conferencia de prensa matutina.

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Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto luego de presuntas inconformidades en el manejo de la investigación al interior de la dependencia.

El fiscal presentó su dimisión después de que personal de la FGR cancelara sin consultar al funcionario 21 órdenes de detención.

De las cuales, 16 corresponden a miembros del Ejército- porque no aparecían en el informe del caso.

Gómez Trejo, a quien designaron en junio de 2019 como fiscal para el caso ya había logrado ganarse la confianza de las familias de los estudiantes desaparecidos.

Sin embargo, tuvo choques con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Un día después de la presentación del informe el 18 de agosto pasado en el que se reconocía, entre otras cosas, que el caso fue un “crimen de Estado”, la FGR anunció que se habían emitido 83 órdenes de detención contra militares, policías, miembros de grupos criminales y otros funcionarios.

El fiscal sustentó el cargo de secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por esta razón conoce muy bien el caso y cuenta con la confianza de las familias y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

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Tras el nombramiento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) manifestó en su cuenta de Twitter que esta fue una decisión no comunicada a las familias.

También criticó que la designación sería “un enorme retroceso” al no contar el fiscal con experiencia en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

Además, puntualizó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la asistencia técnica estuvieron al margen de la decisión.

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