La muerte de tres bebés el mismo día mostró la gravedad de la epidemia de dengue que sufre Bolivia, en particular en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que se la considera la peor en diez años.

Los niños, de apenas meses, murieron a las puertas de los hospitales, que no pudieron atenderlos por falta de espacio y recursos.

Todos los hospitales cruceños han colapsado con los casi 5.000 casos confirmados y los aproximadamente 25.000 casos sospechosos que hay en esta ciudad, la más afectada por el brote.

También se han registrado casos en otras ciudades bolivianas de clima tropical. Recordemos que la enfermedad se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

El dengue se transforma con mayor facilidad en dengue grave o hemorrágico en los menores de 12 años.

Se supone que el serotipo que está circulando es el DENV-2; si se infectan con él personas que previamente han sufrido la enfermedad, pero a causa de otro serotipo, también pueden desarrollar dengue grave.

Los decesos por dengue

Además de los tres pequeños niños que murieron el lunes pasado, se han registrado oficialmente otros 11 fallecidos desde principios de este año, cuando comenzó la epidemia. La mitad eran niños.

La historia de uno de los bebés fallecidos, que no había cumplido dos meses, conmovió a todo el país. Su madre, Mary Inés Cortez, ignorando que había una epidemia, se trasladó con toda su familia de un pueblo situado a 800 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en busca de un mejor parto y una atención posnatal adecuada.

El pasado fin de semana, autoridades municipales de la Gobernación de Santa Cruz y del Gobierno central pactaron una tregua en sus rencillas políticas y realizaron una “minga” –que es como se llama localmente al trabajo voluntario colectivo– para destruir casi un millón de criaderos de mosquitos ubicados en jardines, techos y parques.

El Aedes aegypti pone sus huevos en agua limpia, así que cualquier recipiente que contenga la lluvia constituye un potencial peligro para la expansión de la enfermedad.

Los cruceños piden que el Gobierno de Luis Arce declare la emergencia sanitaria, lo que no ha ocurrido aún.

Una declaratoria de este tipo tiene consecuencias presupuestarias importantes, y el país se encuentra en un momento económico delicado.

Los subsidios a los carburantes, cuyos precios han subido en todo el mundo, pero se mantienen estables en Bolivia, significan una fuerte carga para el tesoro público.

Las pandemias en Bolivia

Esta epidemia de dengue llegó cuando Bolivia comenzaba a salir de la pandemia de la COVID-19, que ya no es la primera preocupación de salubridad del país.

Las enfermedades tropicales como el dengue son crónicas en Bolivia y han sido consideradas por varios economistas como uno de los principales obstáculos para su desarrollo económico.

Su erradicación es difícil porque mantener a los mosquitos a raya no solo requiere de grandes recursos, sino también de una mayor educación y mejores condiciones de vida de la población.

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Perú llamó este jueves a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia ante una “intromisión en los asuntos internos” por su apoyo al destituido izquierdista Pedro Castillo.

El expresidente enfrenta ante la justicia un pedido de prisión por 18 meses mientras es investigado por “rebelión”.

El grupo de gobiernos izquierdistas dijo en un comunicado que Castillo había sido víctima de “hostigamiento” político desde que asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.

Castillo fue destituido y arrestado la semana pasada luego de intentar disolver el Congreso de forma ilegal. En su reemplazo, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió al poder.

“Con la señora Presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú”.

Canciller Ana Cecilia Gervasi en un mensaje por Twitter.

El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la destitución de Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico al nuevo gobierno en Perú y no ha reconocido a la presidenta Boluarte.

A diferencia de los gobiernos de izquierda que apoyan a Castillo, el Gobierno de Chile del mandatario Gabriel Boric ha reconocido a Boluarte, según dijo la canciller Gervasi.

PERÚ EVALÚA PRISIÓN PARA CASTILLO

Imágenes mostraron a vehículos varados al borde de un carretera clave en la costa al sur de Lima, mientras cientos de manifestantes colocaban piedras en vías de las regiones andinas de Puno, Cusco y Arequipa, en medio de la vigilancia policial.

La Confederación General de Trabajadores de Perú, ha convocado a una “jornada de lucha” para por la tarde en Lima, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de la presidenta Boluarte.

El gobierno de Boluarte decretó el “estado de emergencia” nacional y entregó el control del país a las Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podría realizar las elecciones generales para fines del 2023.

En el Congreso, los legisladores comenzaron a discutir el jueves el adelanto de elecciones.

Pero el anuncio de acortar más los plazos de las elecciones no ha frenado las manifestaciones, que hasta ahora han dejado ocho muertos, la mayoría adolescentes, y cientos de heridos entre civiles y policías, según la Defensoría del Pueblo.

Jorge Salinas, presidente de CORPAC, dijo que por medidas de seguridad permanecían suspendidos los terminales aéreos de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho.

Por su parte, un juzgado supremo de Perú evaluaba un pedido de la fiscalía de imponer “prisión preventiva” por 18 meses para Castillo, que había gobernado desde julio del año pasado.

El juzgado tiene plazo hasta el viernes para decidir.

El exmandatario ha negado las acusaciones de “rebelión y conspiración” y el miércoles, en un mensaje por Twitter, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ONU que “interceda” por sus derechos.

Perú ha vivido años de crisis políticas, con sus votantes hartos de las constantes luchas internas y seis presidentes en los últimos cinco años, luego de renuncias y destituciones.

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Bolivia condenó ayer “el hostigamiento de élites” contra “gobiernos populares”, mientras Honduras señaló “enérgicamente” lo que consideró un golpe de Estado contra el ahora ex presidente peruano Pedro Castillo.

Al tiempo que otras naciones de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador manifestaron su preocupación por la situación en la nación andina.

Estados Unidos rechazó intentos para “socavar la democracia” al anunciar que ya no reconocía al hasta ayer gobernante peruano, y la Unión Europea abogó por el diálogo para superar la crisis.

“Desde un inicio la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente elegido por el pueblo, por las clases humildes que buscan más inclusión y justicia social”

mandatario boliviano Luis Arce.

Quien fustigó el “constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas, populares y legítimamente constituidos”. Pidió que “todas y todos” condenen esta situación.

“Abogamos por la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos, que prevalezcan en beneficio del pueblo peruano”,

Agregó Arce.

Horas antes el depuesto ex mandatario boliviano Evo Morales tuiteó:

“Más allá de desaciertos y aciertos, el hermano Pedro Castillo y su familia merecen un trato humanitario. Comprobamos una vez más que la oligarquía peruana y el imperio estadunidense no aceptan que líderes sindicales e indígenas lleguen al gobierno para trabajar por el pueblo”.

Brasil destacó que las medidas tomadas por Castillo de disolver el Congreso y decretar un toque de queda representaban una “violación contra la democracia”, y Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el proceso de destitución de Castillo se dio dentro de un “marco constitucional”.

“Seguí con mucha preocupación los hechos que llevaron a la destitución constitucional del presidente de Perú, Pedro Castillo. Siempre es lamentable que un presidente elegido democráticamente tenga esta suerte, pero entiendo que todo fue remitido en el marco constitucional”.

Afirmó Lula en un comunicado. Añadió que espera que todas las fuerzas políticas del país trabajen en conjunto con la nueva presidenta, Dina Boluarte.

Argentina llamó a todos los actores políticos y sociales a resguardar las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional.

Colombia instó “al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia”.

“El gobierno de Chile confía en que esta crisis que afecta al país hermano se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto al estado de derecho”, señaló el Ejecutivo chileno.

Honduras exigió, respeto para la integridad física y los derechos humanos de Pedro Castillo, y el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, llamó a todos los actores políticos de la nación vecina a “mantener el estado de derecho (…) y a la comunidad internacional para facilitar el proceso democrático de Perú”.

Debate en la OEA

“Lo ocurrido hoy en Perú, al disolver Pedro Castillo el Congreso de la República sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional en el país”

Aseguró Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización.

En la sesión, los representantes de México, Ecuador, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica pidieron la palabra para reclamar el respeto del orden constitucional.

El ex presidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) y líder del oficialista Partido Libertad y Refundación, respaldó a Castillo.

“Condenamos enérgicamente el golpe de Estado en Perú que violenta la soberana voluntad del pueblo, representado por el presidente Pedro Castillo”, tuiteó Zelaya

Estados Unidos rechazó cualquier intento de “socavar la democracia” y afirmó que ya no considera a Castillo como presidente de Perú, al asegurar que los congresistas peruanos tomaron “medidas correctivas” según las reglas democráticas.

“Tengo entendido que, dada la acción del Congreso, ahora es el ex presidente Castillo”, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

La Unión Europea pidió ayer diálogo para asegurar la estabilidad en Perú, en tanto el gobierno español condenó “la ruptura del orden constitucional” llevada a cabo por Castillo y posteriormente celebró el “restablecimiento de la normalidad democrática”.

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La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez fue condenada el viernes a 10 años de prisión; tras ser declarada culpable de fomentar un golpe de Estado contra el gobierno socialista liderado por Evo Morales a finales de 2019.

Añez, de 54 años, se juzgó por un tribunal ordinario sin ningún tipo de inmunidad. Por protocolo ante la pandemia del covid-19, no se le permitió estar en la corte y siguió la audiencia de forma virtual desde la cárcel en la que fue recluida.

La prueba aportada y presentada en juicio a sido suficiente para generar en el tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en los referidos ilícitos condenándolos (a Añez y otros dos exfuncionarios) a la pena privativa de libertad de 10 años.

Juez Germán Ramos

La fiscalía señaló que las violaciones a las normas que garantizan el orden constitucional y democrático en Bolivia; fueron cometidas por la exsenadora derechista antes de proclamarse como presidenta, con el apoyo de exjefes policiales y militares.

Yo soy inocente. Asumí la presidencia por compromiso, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice la Constitución.

Añez en su declaración final ante el jue

Desde noviembre de 2019, Añez lideró un gobierno conservador que duró menos de un año tras la renuncia forzada del expresidente Evo Morales; quien por entonces enfrentaba violentas protestas y acusaciones de fraude electoral en su intento de reelegirse en el cargo.

La defensa de Añez dijo que acudirá a instancias internacionales para buscar justicia. Varios sectores de la oposición boliviana anunciaron movilizaciones en defensa de la exmandataria.

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Días después de una cumbre convocada por Estados Unidos, una decena de jefes de Estado y altos funcionarios de algunos gobiernos que han sido sancionados o criticados por Washington se reunieron en Cuba ayer para fortalecer su propia alianza.

La vigésima cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) concluyó con un plan postpandemia que busca la autosuficiencia alimentaria y medicinal para los izquierdistas países miembro, que lanzaron fuertes críticas a Estados Unidos por su “egoísmo político” en tiempos de COVID-19.

Recibidos en el Palacio de la Revolución por el anfitrión Miguel Díaz-Canel con palmadas y abrazos, los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela; Luis Arce, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua, y el primer ministro Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas- entre otros, buscaron durante la jornada coordinar sus políticas.

Cumbre, lugar de los centroamericanos

“El ALBA es nuestra casa, aquí somos hermanos. Aquí no hay poderosos que nos chantajean”, dijo Maduro en alusión a Estados Unidos, tras la inauguración, al tiempo que pidió a su colega Arce que en su carácter de economista, él como presidente de Bolivia diseñe un “plan integral” para el mecanismo regional que, aunque paralizadas ahora, cuenta con un banco propio.

Fundada en 2004 por los fallecidos mandatarios Hugo Chávez y Fidel Castro, el ALBA se enfrentó entonces a las intenciones de EU de formar un acuerdo de libre comercio continental bajo su tutela.

En el marco de un giro a la izquierda en muchos países de la región a comienzos de siglo, algunas naciones se sumaron a los proyectos que desarrolló el foro regional como la venta de petróleo o sus derivados de Venezuela mediante créditos blandos, el envío de maestros cubanos o la realización de millones de cirugías de la vista mediante la llamada Operación Milagro.

Sin embargo, la llegada al poder de gobiernos más conservadores hizo que países como Honduras o Ecuador rompieran con la alianza.

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