La Fiscalía italiana pidió este miércoles durante su alegato final en un tribunal de Milán; seis años de prisión para el antiguo primer ministro, Silvio Berlusconi.

Esto por soborno y manipulación de testigos de algunas de las personas que asistieron a sus fiestas ‘bunga bunga‘, en las que habrían participado menores.

Este proceso es uno de los que conforman el conocido como caso ‘Ruby ter’; en alusión al apodo con el que era conocida la joven marroquí que acudía a estas fiestas, Karima el Mahroug. Quien se cree que junto a otras mujeres que pululaban por estas bacanales era menor de edad.

La fiscal Tiziana Siciliano pidió además de su entrada en prisión durante seis años, que le embarguen bienes por valor de 10.8 millones de euros. Por su parte, para El Mahroug, acusada de perjurio y falsificación de documentos; solicitaron cinco años de cárcel y el decomiso de otros 5 millones de euros.

El otro fiscal del caso, Luca Gaglio, explicó que Berlusconi “decidió pagar el silencio y las mentiras”; tanto de El Mahroug, como de los demás invitados que acudieron a las fiestas en su villa de Arcore, en el norte de Italia.

A estas chicas les aseguraron que estarían bien tanto de ingresos, con una cuota mensual de 2 mil 500 euros, como de alojamiento.

Gaglio

Este juicio es el tercero al que ha tenido que hacer frente Berlusconi después de que saltara el escándalo en 2010 tras ser acusado de abuso y prostitución de menores, caso del que fue absuelto por falta de pruebas.

El caso que le atañe en estos momentos investiga si ‘Il Cavaliere‘; presionó y sobornó a los invitados, entre ellos estas jóvenes, de aquellas fiestas para evitar los cargos por prostitución de menores.

Durante el juicio, la fiscal Siciliano acusó a Berlusconi de tratar como “esclavas sexuales” a las mujeres que acudían a sus famosas fiestas, donde además acontecían prácticas “medievales” en las que había una “grave violencia”.

Durante el proceso, Siciliano ha lamentado que hayan pasado ya ocho años sin depurar realmente responsabilidades por estas fiestas, fruto de idas y venidas judiciales que han terminado por ser “herramientas innecesariamente dilatorias”. En el actual proceso hay casi una treintena de acusados.

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