En su nómina se incluye a secretaria particular, técnicos, jefe de oficina y hasta 23 asesores, pese a que los legisladores de Morena presumen austeridad.

Sánchez Cordero omite austeridad y paga 1.2 mdp a su personal

De acuerdo a información pública, la senadora por Morena tiene a 37 personas trabajando con ella, con salarios que van de 13 mil 40 pesos para asesores técnicos.

Y hasta 105 mil 549 pesos mensuales para el secretario particular y el coordinador de asesores.

Ello contrasta con el número de asesores que tienen el resto de los legisladores: que van de uno hasta 10.

Por ejemplo, algunos de los senadores que tienen uno o dos asesores son Alejandra Lagunes Soto, del PVEM; los panistas Damián Zepeda e Ismael García Cabeza de Vaca.

Además de los morenistas Ana Lilia Rivera y Adolfo Gómez Hernández.

Bajo el paraguas de la austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador Morena y sus legisladores han criticado el salario de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el presupuesto que solicitan para las actividades del órgano autónomo.

“Son abusos, excesos, derroche. Ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo. Es un asunto de principios”, dijo el mandatario en enero de este año al hablar del INE.

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Gutiérrez Luna también se brincó la austeridad

Los gastos que realiza la presidente de la Mesa Directiva del Senado no son el único caso donde no se refleja la austeridad predicada por Morena.

También está en la misma situación el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Según información pública, el morenista incrementó casi al doble el número de colaboradores y asesores que tiene la presidencia de la Mesa Directiva del recinto legislativo; una vez que asumió este cargo, el equipo pasó de 27 a 51 personas.

Para ello, el gasto para los salarios de estos trabajadores aumentó más de doble, de un millón 77 mil 226 pesos a 2 millones 470 mil 976 pesos al mes.

Entre las personas que trabajan con él, hay 14 asistentes, 5 secretarias, 3 consultores, un conductor, además de secretarios técnicos, coordinadores de enlace y analistas.

Sus salarios van de 10 mil a 109 mil pesos mensuales brutos; esto, según el último informe sobre el personal que labora en San Lázaro.

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La SCJN declaró inconstitucional que el Presidente pueda decretar el destino de los ahorros que se den por la Ley de Austeridad Republicana.

El ministro Juan Luis González Alcántara recordó que la Constitución establece que la Cámara baja es responsable de destinar todo el gasto en cualquier etapa.

“La Cámara de Diputados, conforme el principio de legalidad, debe autorizar montos específicos para cada partida de gasto. También es responsable de autorizar cualquier adecuación presupuestaria”.

El ministro dijo que las acciones como redestinar el presupuesto abrirían la puerta a que las secretarías pudieran inflar las partidas para declarar ahorros y así poder hacer uso de estos bienes.

“Considero que permitir esa situación sería un golpe al principio democrático en la revisión del gasto público y a la rendición de cuentas”

Sentenció.

La ministra Yasmín Esquivel dijo que esta facultad de los diputados termina al expedir el Presupuesto de PEF, por lo que no hay impedimento para que el ejecutivo destine los bienes que no se gastaron.

Recordó que en 2006 se publicó la Ley de Austeridad Republicana, y ya tenía contemplado que los ahorros pudieran ser utilizados sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas prioritarios del ejecutor del gasto que los genere”

Estableció la ministra.

Aunque, el ministro Javier Laynez rechazó que esta parte de la ley buscaba generar un gasto público más eficiente, mas no ahorros presupuestales ni subejercicios.

Laynez reiteró que todas las reformas que se han hecho en materia presupuestaria desde 1997 se han llevado a cabo para “hacer real y efectivo el contrapeso del Poder Legislativo frente al Ejecutivo”.

Al presentar la propuesta, la ministra Norma Piña aseguró que debe existir flexibilidad en el presupuesto, más no puede darle la facultad al Poder Ejecutivo de decidir sobre el gasto público.

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Un juez federal determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Austeridad Republicana y el candado de 10 años para que los altos mandos del gobierno no puedan trabajar en empresas privadas .

Abel Méndez, juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, determinó que la austeridad republicana es una política de Estado que debe estar prevista en la Constitución.

El decreto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, habida cuenta que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades expresas ni implícitas para legislar en materia de austeridad republicana.

dijo el juez

Sobre el plazo de 10 años, previsto en el artículo 24 de la ley, dijo que era excesivo ya que los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público.

Se prevé que el gobierno federal impugne la decisión para que sea la Suprema Corte quien decida en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.

La disposición reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida.

El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal.

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