ASF detecta carencias en el INM

La ASF detalló que carece de metas y diseño de indicadores que permitan identificar, analizar y evaluar los avances y su cumplimiento.

Además, no tiene diseño de objetivos en términos medibles cuantitativamente, de manera que se pueda evaluar su desempeño.

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Como parte de la segunda entrega del informe de la revisión de la cuenta pública de 2021, la ASF concluyó que en el análisis de la “gobernanza y el control interno” del INM observó que “no contaba con un sistema institucional de control para la generación de información confiable”.

Por ello, indicó que la dependencia presentó “deficiencias en la gobernanza y el control interno institucional para atender con eficiencia los asuntos en materia migratoria”, además de que “no mostró una clara delegación de las atribuciones del comisionado del INM”.

Dichas “debilidades” en los instrumentos de gobernanza y control interno, “impiden garantizar el debido y puntual cumplimiento del marco legal” de sus funciones.

Por ejemplo, explicó que el instituto no contó con manuales específicos actualizados en cuanto a estructura, funciones y organigramas.

Además, el Consejo Técnico del INM no realizó actividades, ni ejerció como órgano de consulta, asesoría y apoyo para la implementación de la política migratoria.

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Servidores públicos reprobados

A pesar de que la dependencia cuenta con un proceso de certificación de su personal que es encabezado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, la ASF detectó que servidores públicos en la plantilla vigente no aprobaron el proceso durante 2021.

De igual forma, hubo integrantes de la dependencia que no acreditaron el nivel académico requerido, los años de experiencia o el área de estudio requeridos de acuerdo con las cédulas de puestos.

El órgano auditor confió que los señalamiento contribuirán a que el INM fortalezca su sistema de control interno, y se mejoren sus procesos de control y supervisión de las oficinas de representación.

Asimismo, recomendó a la Cámara de Diputados analizar una reforma a la Ley de Migración para “eliminar el carácter polisémico” del concepto de “autoridad migratoria”, establecido en la legislación.

Llamó a precisar la facultad del INM relativa a efectuar la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por todas las autoridades migratorias, incluidas las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, ya que actualmente carece de la jerarquía para ello.

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“Existen deficiencias en los controles de ciberdefensa para la infraestructura de hardware y software de la secretaría”, señaló en la auditoría con clave 2020-0.1.07100-20-0068-2021.

Diputados de la Comisión de Vigilancia y Auditoría llamaron a los tres niveles de gobierno a atender las observaciones de la ASF, para evitar ciberataques que comprometan la seguridad nacional.

Lo anterior, luego de que el grupo de hackers Guacamaya vulneró los sistemas de la Sedena para sustraer miles de documentos confidenciales, entre ellos algunos que dan detalles que no habían sido revelados sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Al respecto, el titular del Ejecutivo federal reconoció el hackeo y confirmó que el 2 de enero tuvo síntomas inminentes de un infarto mientras estaba en su quinta de Chiapas, ante lo cual tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Central Militar, en la CDMX.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que López Obrador tiene buena salud y podrá terminar el sexenio.

Expertos indican que la extracción de información, de 6 terabytes, pudo haber durado entre 48 y 72 horas.

Sedena hizo caso omiso de la ASF

Desde 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en evidencia la debilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su sistema de ciberseguridad. 

Así se ventiló este viernes en la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, donde sus integrantes llamaron a las autoridades e instituciones de los tres niveles de gobierno a atender las recomendaciones que la ASF les hace, para evitar situaciones lamentables como la que ahora se presenta para la seguridad nacional. 

Al abordar en asuntos generales, el caso del hackeo al Ejército Mexicano, se citaron las observaciones que el órgano de fiscalización realizó en la auditoria de cumplimiento con clave 2020-0.1.07100-20-0068-2021.

Fue el diputado Hiram Hernández Zetina (PRI) quien dio lectura textual a la recomendación que hace dos años registró la ASF:

“Existen deficiencias en los controles de ciber defensa para la infraestructura de Hardware y software de la Secretaría”, citó. 

“Ahora estamos viendo que pese a las advertencias y al hallazgo de la Auditoria Superior de la Federación, se filtraron miles de documentos de la SEDENA. Es una consecuencia grave. Nosotros como Comisión de Vigilancia y como legisladores debemos de estar pendientes de estos hallazgos y presionar al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos estatales a que tomen en consideración todas estas observaciones”, enfatizó el legislador Hernández Zetina.

Al respecto, en entrevista al concluir la reunión, el diputado Pablo Angulo Anguiano (PRI), presidente de la Comisión de Vigilancia, comentó:

“Quienes cometieron el delito fueron los hackers que entraron a esta documentación y tendríamos que pedir, a la Fiscalía General de la República, se presenten las denuncias correspondientes y que con un trabajo de inteligencia se dé con esta situación de estos hackers”.

El caso puso de relieve en la comisión la necesidad de crear subcomisiones que den seguimiento a las recomendaciones para dependencias estratégicas como lo es la Sedena, ante las varias y diversas responsabilidades que actualmente tiene.

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Guacamaya

Guacamaya, el grupo de hackers que se atribuye la extracción de seis terabytes (TB) de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, se define como protector de la naturaleza y la vida.

Además de México, en las últimas semanas ha vulnerado la ciberseguridad de organismos militares y policiales de gobiernos en América Latina, como Perú, Chile, Colombia y El Salvador.

Esto, como parte de una campaña que denominan Fuerzas Represivas, que tiene por objetivo “comprometer sistemas de fuerzas militares y policiales de América Latina, para posteriormente filtrar información sensible que ejemplifique cómo los estados hacen uso de estos recursos para reprimir y someter a los pueblos.”

Antes, este mismo año, Guacamaya había actuado contra empresas mineras y petroleras del continente, de acuerdo con información del portal http://enlacehacktivista.org.

En un mensaje que el 19 de septiembre los hackers enviaron a dicha web, dedicada a documentar actividades de hackeo, declaran su lucha contra las intervenciones militares y la operación de mineras y petroleras en el territorio de “Abya Yala”, como denomina a América.

“No somos defensores de la naturaleza, somos la naturaleza”, se titula el comunicado, en el que afirman que los ejércitos militares y las fuerzas policiales de Abya Yala apuntalan el dominio del imperialismo norteamericano.

“Son garantía de la presencia extractivista del Norte Global. Son fuerzas represoras violentas, criminales en contra de los propios pueblos y sus organigramas piramidales internos de poder también son repudiables”, afirman.

Ataques cibernéticos contra las dependencias federales

En junio de 2020, el presidente López Obrador dijo que, por la austeridad, no se comprarían computadoras.

2019 ATACAN PEMEX

• La empresa del Estado fue objeto de un ataque con ransomware por parte del grupo DoppelPaymer, que exigía además el pago de 565 bictoins.

2020 ECONOMÍA

• A finales de febrero se reportó un ataque cibernético en la Secretaría de Economía, por lo que se suspendieron los trámites en curso.

2021 LOTERÍA NACIONAL

• El 28 de mayo hackers lograron ingresar a los archivos de la Lotería Nacional y sustrajeron diversos documentos.

2021 SALUD

• La Secretaría de Salud no se salvó de ataques a sus servidores, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ciberseguridad (AMEC).

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Adolfo Pontigo Loyola, rector de la UAEH informó que aún está en el proceso de solventar las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Esto por un monto de 380 millones de pesos 178.3 mil pesos, de la cuenta pública 2020.   

Sin dar un porcentaje de las observaciones ya solventadas expresó que en su informe anual del próximo viernes se darán los pormenores.

Sin embargo, reiteró “todo se está subsanando”.

Argumentó que en la mayoría de las instituciones se presentan observaciones, pues son áreas de oportunidad que se tienen que mejorar.  

El pliego de observaciones emitidas por la ASF es sobre gasto en educación superior y en específico del Programa U006 de la cuenta pública 2020.

Tras la revisión a detalle de los gastos se detectó que 380 millones 178.3 mil de pesos no estaban plenamente justificados,.

Pues se pagaron rubros que no correspondían como:

• pago de servicios de consultoría actuarial
• pago de servicios de honorarios por la escrituración de un inmueble
• compra de butacas
• pagos a trabajadores que no estaban considerados por este programa federal.

Y si bien desde octubre de 2021 se emitió el primer pliego, estas solventaciones aún están pendientes por aclarar, pues no están al cien por ciento.  

Tres cuentas bancarias siguen congeladas en la UAEH…

Sobre el tema de las cuentas congeladas que la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) Adolfo Pontigo Loyola, apuntó que son tres las que siguen en esta condición y son por un monto de 151 millones de dólares.

Sin embargo, expuso que la UAEH ya ganó dos amparos, ante el Tribunal Colegiado de Circuito por unanimidad.

La instancia que bloqueó las cuentas ya se tardó casi tres años en reconocer que no había problema porque se comprobó el origen y destino de los recursos.

“Ganamos dos amparos y siguen bloqueadas, pero el tema lo siguen revisando los abogados”

De las seis cuentas bancarias que estaban bloqueadas, se destacó que son tres las que permanecen incautadas y las tres desbloqueadas tenían montos económicos bajos.

En febrero de 2019, la UIF bloqueó 224 cuentas bancarias de la UAEH al detectar transferencias y depósitos bancarios inusuales.

Según lo dicho por la unidad, los registros financieros referían la procedencia de montos económicos desde 22 países, entre estos Suiza.

Por lo que se inició el proceso de investigación y bloqueo del recurso.

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De los entes públicos auditados en la Cuenta Pública 2020, la UAEH es la institución con un mayor monto de observaciones.

Con 380 millones 200 mil pesos, luego de la auditoría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), según su reporte general.  

Según el informe, se destaca que de un monto total de mil 449 millones de pesos, se revisó el 91.6 por ciento y se hicieron observaciones en 380 millones 178.3 mil de pesos.

Correspondieron entre otros rubros al concepto de servicios de consultoría actuarial, además:

• pago de servicios de honorarios por la escrituración de un inmueble
• compra de butacas
• pagos a trabajadores que no estaban considerados por este programa federal.   

 Las problemáticas que se observaron fueron de tipo estructural y en este tenor se observaron 347 millones de pesos, los cuales no han sido regularizadas por parte del organismo.

También ubicaron contrariedades operativas vinculadas a la gestión y control interno de los recursos por parte de quien ejecuta el gasto por un monto de 32 millones 500 mil pesos.   

En el capítulo 1000 servicios personales se determinaron pagos en exceso en los conceptos de sueldo base, aguinaldo y prima de antigüedad por un monto total de 189 millones 150.3 mil pesos.

Asimismo, para el pago de seguridad social, vivienda y S.A.R. por 89 millones 068.7 mil pesos, sin contar con la aprobación de su Máximo Órgano de Gobierno Colegiado.  

En el expediente se detalla que además de las observaciones se presentó una promoción de responsabilidades por presentar documentos certificados con inconsistencias entre sí. 

La UAEH es una de las que refiere el mayor monto, está debajo de la Universidad Autónoma de Coahuila a quien le emitieron observaciones por 549 millones de pesos. 

La ASF informa que es el tema de sueldos y salarios en donde enfrenta un descontrol interno.

Pues no se establecen lineamientos claros para destinar los recursos económicos, aunque el H. Consejo Universitario lo aprobó, este no se llevó a cabo bajo los lineamientos contables requeridos.  

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En la revisión a la Cuenta Pública 2020, la Auditoría detectó anomalías en el uso de los recursos públicos en el Poder Legislativo de Hidalgo.

Acorde con la ASF, el Congreso de Hidalgo, acordó para su Presupuesto de Egresos de 2020 la cantidad de 104 millones 224 mil pesos. Después. se hizo un reajuste, con el cual aumentó a 104 millones 940 mil pesos. El incremento fue de 714 mil 745 pesos adicionales.

Por tal motivo, la Auditoría Superior, explica que no hay documentación que aclare o respalde dichos gastos por servicios personales.

“El Congreso debe aclarar y entregar la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 714,745.94 pesos, por concepto de servicios personales, cantidad aceptada por el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020, lo que sobrepasó la cantidad original”, aseveró la ASF.

Además, es necesario que el Congreso de Hidalgo inicie la difusión de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría Interna del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, haga las averiguaciones correspondientes. Y posteriormente comience el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos.

Esto, a causa de no adjuntar en el Presupuesto de Egresos, un apartado con los pagos de los servidores públicos, detallando percepciones ordinarias y extraordinarias, erogaciones por obligaciones fiscales y de seguridad social, previsiones salariales y económicas para solventar los aumentos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas laborales.

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Auditoría a Mineral de la Reforma

La Auditoría, informó que, en Mineral de la Reforma, se realizó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, y varias observaciones, las cuales deben acatarse.  

En la revisión, se descubrió que deben aclarar 8 millones 33 mil 584.72 pesos, ya que, existe un faltante en la documentación del destino del recurso, pues no se mostró el total de los contratos de servicios de reclutamiento, selección, reasignación, administración de nómina y suministro de recurso humano o personal especializado. 

Este contrato se hizo directamente, sin embargo debió ser licitado públicamente. También se encontró que el contrato formalizado no menciona el precio de los servicios y el importe total a pagar porque fue un contrato abierto.  

En 2020, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, fue gobernado por dos administraciones diferentes, con el exalcalde Raúl Baños y la del Concejo interino a través de Rubén Contreras.  

Auditoría a Pachuca

En Pachuca, hubo observaciones, al determinar que 3 millones 200 mil pesos quedaban pendientes por aclarar, debido a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. No se especificó a qué área corresponde.  

La administración municipal de este ayuntamiento, correspondió nueve meses a Yolanda Tellería y tres meses a Tania Meza (presidenta del Concejo Interino). Aquí se descubrió que Pachuca infringió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, provocando un posible daño a la Hacienda Pública por 3 millones 199 mil 959.18 pesos.   

Auditoría a Tulancingo

Tulancingo no tuvo observaciones en su cuenta pública, de los 155 millones 473 mil pesos que se recibieron por concepto de participaciones federales y rendimientos financieros (119 mil pesos). El ayuntamiento tuvo todos los registros contables y presupuestales.  

En la revisión a su nómina los pagos correspondieron a lo planeado, y se entrevistó a los trabajadores para comprobar. En 2020, los primeros ocho meses estuvo a cargo Fernando Pérez, y posteriormente cedió el cargo al presidente interino Fernando Lemus Rodríguez. 

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El monto observado, para el estado Hidalgo fue de cero pesos.

Por segunda vez, el gobierno del estado, presenta resultados sin observaciones monetarias, pese a que la ASF revisó 11 fondos y programas ejercidos en el 2020, para verificar el ejercicio del recurso público. Estos resultados confirman el buen ejercicio de estos recursos.

Aunque la auditoría del gasto federalizado ha aumentado, el monto observado al gobierno estatal, por el contrario, ha disminuido como se presenta en los últimos informes de las cuentas públicas de la actual administración estatal, a comparación del gobierno anterior.

Los buenos resultados, se deben a la dirección del gobernador Omar Fayad Meneses, que ha solicitado a quienes integran su administración, dar cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas, en apego al plan estatal de desarrollo y a la normatividad que rige cada uno de los fondos y programas.

Acorde al segundo informe de la Cuenta Pública 2020, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tuvo una observación por 380 millones de pesos en el Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, mismos que deberán aclarar ante este órgano fiscalizador federal.

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