La ONU identificó “graves violaciones” de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas de este año en Colombia que incluyen al menos 28 civiles.

La delegación de Derechos Humanos de Naciones Unidas adujo “razones fundadas” para sostener que las autoridades incurrieron en el “uso innecesario de la fuerza” en las movilizaciones que tuvieron lugar del 28 de abril al 31 de julio.

La acción abusiva de efectivos estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.

A partir de entrevistas, verificación forense de videos y consulta contrastada de fuentes, la oficina verificó 46 muertes, 44 civiles y dos policías.

“En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública” y en “10 habrían sido actores no estatales”, se lee en el informe. La ONU, no pudo identificar al presunto agresor.

La fiscalía colombiana reporta una cifra de 29 homicidios relacionados con la agitación social que siguió a las movilizaciones de 2019 y 2020, contra la violencia policial.

Sin embargo, no fue hasta abril que se configuró un inédito movimiento nacional de protesta, en su mayoría pacífico, que se extendió por meses.

Cientos de miles de personas salieron a diario a las calles en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno para paliar la debacle de la pandemia, y que finalmente archivó ante la presión popular.

La movilización, que encabezaron los jóvenes sin empleo o estudio, dejó al descubierto la crisis social y económica acentuada por la emergencia sanitaria en uno de los países más desiguales del mundo y con una informalidad que ronda el 50% de los trabajadores.

Duramente reprimidas, las manifestaciones que pedían un Estado más solidario se tornaron violentas e incorporaron el reclamo de una reforma de la policía.

Gobierno rechaza violaciones de poder

Visiblemente molesto, el gobierno conservador de Iván Duque expresó que no comparte “muchas afirmaciones” contenidas en la investigación de la ONU.

“No podemos permitir de ninguna manera que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho”, dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en entrevista con Blu Radio.

En su informe, la ONU también dijo que entre los abusos que pudo verificar están los de “16 víctimas de violencia sexual” a manos de la fuerza pública.

Así mismo, documentó “graves acciones de violencia” contra agentes estatales, además de la destrucción de bienes públicos y privados.

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