La Jauría de Balú denunció que la alcaldía Pachuca realizó el sacrificio de 40 perros que estaban en el Centro de Atención Canina Metropolitano sin verificar si eran buscados por sus dueños.

Así lo señaló Alba Luisa Jiménez del Ángel, representante del colectivo de protección animal.

Señaló que, tras la muerte de los canes, se busca que la alcaldía transparente los motivos de tal decisión y las condiciones.

“Debe haber transparencia, ellos deben de tener un reporte, una bitácora de las condiciones en las que entró cada perro”.

Refirió que le notificaron que durante el 4 y 5 de mayo comenzó el sacrificio de los perros.

Situación que corroboró debido a que con regularidad asiste a control canino para inspeccionar, en su calidad de ciudadana, cómo están los animales.

“Se me informa el día jueves en la mañana que sacrificaron perros durante la tarde del miércoles y en la madrugada del jueves, que un camión fue a recoger los cuerpos. Fueron 40 perros sacrificados”.

A raíz de la muerte de los animales, Jiménez del Ángel consideró que el Centro de Atención Canina debería tener mayor flexibilidad.

Hay personas que van a buscar a sus perros y solo les dicen que no están, sin antes permitirles visitar las jaulas.

“No debe de ser así, Control Canino debe de abrir sus puertas porque al final de cuentas están tratando con seres sintientes que no pueden hablar”.  

Expresó su preocupación por las capturas de los canes, pues indicó que hay algunos animales que están gestando o alimentando a sus cachorros. 

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Olivia López Villagrán, solicitó medidas de protección en contra de los funcionarios de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del ayuntamiento municipal.

El secretario general municipal, dio lectura al acuerdo de correspondencia referente a una queja que ingresó la asambleísta suspendida de su cargo.

A través de dicha queja, López Villagrán solicitó medidas de protección “urgentes” en contra de Maricela Rodríguez Pasten, secretaria de Contraloría y Transparencia municipal.

Así como de Miguel Ángel Martínez Pérez, director de denuncias y situación patrimonial, y Naim Martínez Salinas, director de responsabilidades, ambos de la misma dependencia.

No se detalló el motivo por el cual la regidora independiente hizo dicha petición.

El asunto fue enviado a la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares para su estudio, análisis y en su caso elaboración del dictamen correspondiente.

López Villagrán es una de los cuatro regidores de oposición que fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos, por omitir presentar su declaración patrimonial.

Los otros tres son:

• Ricardo Crespo Arroyo, quien llegó por la vía independiente
• Carlos Conde Zúñiga, de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM);
• Pablo Elías Vargas González, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La regidora independiente promovió un amparo en contra de su inhabilitación, pero fue sobreseído en octubre del año pasado, debido a que también tramitó un juicio de nulidad, el cual se encuentra en curso.

Crespo Arroyo también promovió un amparo contra dicha sanción y le fue otorgado en julio, aunque la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de Pachuca interpuso un recurso de revisión en contra del fallo

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Alerta Alcaldía de Pachuca sobre extorsiones con cuenta falsa de WhatsApp.

“No se dejen sorprender ninguna licencia se tramita por WhatsApp”

Publicó la alcaldía a través de sus redes sociales oficiales.

La cuenta falsa solicita documentación oficial, así como pagos en efectivo a través del número 771 502 7844, mismo que se establece como una cuenta de empresa y hace uso de la imagen del Ayuntamiento.

Señalaron, el único número habilitado por la Presidencia Municipal es el WhatsApp Center 771 406 0804.

El municipio advirtió que la Dirección de Reglamentos y Espectáculos no realiza trámites a través de números de Whatsapp,

Lo anterior se da a conocer porque se detectó una cuenta falsa en la que se intenta extorsionar a los comerciantes, a nombre de esta dependencia municipal.

El delito de extorsión consiste en obligar o intimidar a otra persona a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio.

El extorsionador realiza llamadas telefónicas a nuevos números de teléfono fijo de forma aleatoria, esperando que alguna de ellas sea atendida por un menor de edad, una persona de edad avanzada o que suene vulnerable

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