Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, obtuvo una suspensión provisional en contra de la vinculación a proceso derivada del caso Ayotzinapa.
Lo anterior por su presunta responsabilidad en la fabricación de la llamada “verdad histórica” en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.
Jueza concedió suspensión a Murillo Karam
“Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto que se precisa”, dijo Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
La decisión adoptada por la juzgadora del Poder Judicial de la Federación no autoriza que el también exgobernador de Hidalgo deje el Reclusorio Norte.
La jueza dio luz verde a la defensa de Jesús Murillo Karam para que haya una audiencia constitucional a las 11 horas del 11 de octubre de 2022 con el Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
La detención de Murillo Karam
El 19 de agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) libró una orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial quienes ejecutaron la orden de captura cuando Murillo Karam salía de su domicilio en las Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con la FGR, el exfuncionario enfrenta imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia.
En enero de 2015, el exprocurador General de la República determinó la verdad histórica para explicar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la cual estaba basada en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
Murillo Karam apuntó que policías municipales de Cocula detuvieron a los jóvenes para después entregarlos a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.
Una vez que los sometieron, privaron de su libertad, asesinaron e incineraron a los normalistas en el basurero municipal de Cocula.
Posteriormente arrojaron sus restos al Río San Juan, de donde se extrajeron varias bolsas de basura con los supuestos restos de los jóvenes.
Sin embargo, no los pudieron identificar, debido a que quemaron a los jóvenes.
“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró entonces.
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