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El régimen chavista quiere normalizar la relación con EU. Los acreedores de deuda venezolana presionan a Biden. El rol de Delcy Rodríguez.

El gobierno de Nicolás Maduro pretende dar un importante giro en la relación con Estados Unidos y los organismos internacionales. El régimen chavista quiere normalizar la relación para acceder a los Derechos Especiales de Giro, reestructurar su deuda y negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a una situación económica muy endeble.

La economía venezolana hace tiempo que viene experimentando cambios de tipo ortodoxo con la conformación de Zonas Económicas Especiales y una dolarización de hecho que hizo caer los salarios en bolivares y alimenta versiones de una reconversión al dólar.

Pero para avanzar en estos puntos, el Gobierno necesita mejorar la relación con Estados Unidos y para que eso ocurra deben organizarse las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre con observadores internacionales, participación de la oposición y apoyo de Washington.

En eso trabaja la mesa de diálogo que se puso en funciones en agosto y cuenta con todas las fuerzas políticas y Noruega como mediador. “La mesa puede estancarse o embarrarse por obra de los ultras de los dos lados pero no tiene que pararse porque es lo que necesita Maduro para sentarse con Estados Unidos y el FMI”, dijo a LPO una fuente que sigue de cerca los movimientos del presidente venezolano.

La economía venezolana hace tiempo que viene experimentando cambios de tipo ortodoxo con la conformación de Zonas Económicas Especiales y una dolarización de hecho que hizo caer los salarios en bolívares.

Maduro viene enviando ofertas informales al FMI para que los acreedores de la deuda le reclamen a Biden que ponga fin a la pelea geopolítica y de riendas sueltas al pragmatismo financiero.

El Gobierno no quiere dar más concesiones que la apertura de un proceso electoral transparente en noviembre y juega con la desesperación opositora ante una posible debacle electoral que le termine dando más poder al chavismo.

Las encuestas hablan de 52 a 56% de participación, lo que implica un escenario desfavorable para la oposición dado que la maquinaria electoral del PSUV concentra el 30% de los votos, dejando el resto repartido entre los grupos y subgrupos opositores.

LPO dialogó con el Managing Partner del fondo de inversión con oficinas en New York y Panama GCG Advisors, José Gonzáles, quien abordó la posibilidad de una acercamiento de Maduro con el FMI desde la perspectiva financiera y sostuvo que “el Presidente lo ha expresado en mas de una oportunidad, aunque no haya solicitado formalmente la ejecución de una Consulta del Articulo IV de la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional”.

GCG es una Boutique de Banca de Inversión especializada en Finanzas Corporativas con experiencia en mercados andinos y presencia en Colombia, Peru y Venezuela.

“Sin una Consulta del Articulo IV ningún país miembro puede acceder a “facility” alguno del Fondo salvo que se trate de medidas de emergencia como los derechos especiales de giro decretados por el organismo recientemente”, aclaró el banquero. La ultima Consulta del Articulo 4 de Venezuela fue el 23 de setiembre del 2004.

En ese sentido, Gonzáles, planteó que “Venezuela requeriría ponerse al día con las cuotas atrasadas con el Fondo. El aparente interés del gobierno de Maduro en re-entablar relaciones con el FMI obedece a la severa crisis de balanza de pagos que experimenta el país y que ha causado una contracción en el PIB nacional de mas del 70% con cinco años continuos de hiperinflación. Sin la asistencia del Fondo resulta imposible que Venezuela estabilice una déficit fiscal que supera el 26% del PIB”.

La intervención del Fondo es imprescindible para reestructurar la deuda soberana y cuasi-soberana de Venezuela en la medida que, como en los casos recientes de Argentina y Ecuador, es la única voz con credibilidad y capacidad suficientes para determinar el nivel de sostenibilidad de pago de Venezuela que determinara el valor de recuperación de la deuda forzando la co-responsabilidad del sector privado en el proceso

Por otro lado, aseguró que “la intervención del Fondo es imprescindible para reestructurar la deuda soberana y cuasi-soberana de Venezuela en la medida que, como en los casos recientes de Argentina y Ecuador, es la única voz con credibilidad y capacidad suficientes para determinar el nivel de sostenibilidad de pago de Venezuela que determinara el valor de recuperación de la deuda forzando la co-responsabilidad del sector privado en el proceso”.

Sobre la posibilidad de acceso a los Derechos Especiales de Giro, Gonzáles explicó: “La experiencia de Venezuela con los DEGs recientes es ilustrativa. Los derechos de sobregiro del FMI son, eso, “derechos” que les corresponden a todos los países miembros del Fondo en su calidad de accionistas del mismo y que, en el caso de Venezuela, son particularmente importantes en la medida que el país es uno de los accionistas mas relevantes de la multilateral entre los considerados “pequeños” con una participación del 0.78% Así de una distribución de US$650,000 millones en DEGs a Venezuela le corresponden US$5,070 millones en una medida extraordinaria emprendida por el Fondo para asistir a los países miembros en el marco del Covid”.

“El problema con el desembolso en el caso de Venezuela y sus derechos de DEGs es que no hay consenso entre los países miembros en cuanto a “quien gobierna” Venezuela. En función del reconocimiento de los EEUU a la presidencia de Juan Guaido y su peso en el capital del FMI”, detalló.

La anomalía del doble comando hizo que ni Maduro ni Guaidó puedan recibir el dinero y ha forzado la vacancia de gobernador venezolano alguno en la junta del Fondo.

El socio de GCG consideró que “de los resultados de las negociaciones en Mexico cum certificación de la Union Europea de la transparencia y justicia de las elecciones del 21 de noviembre, que posibiliten una elección presidencial extraordinaria u ordinaria y de acuerdos que eliminen la doble administración y, como consecuencia, el alivio o la eliminación de las sanciones secundarias de los Estados Unidos, dependerá que Venezuela acceda a lo que es un derecho de cada uno de los países miembros del Fondo y que pueda renovar la relación con el mismo siempre y cuando se someta a una Consulta del Articulo IV”.

José González también se refirió a la presión de los acreedores al gobierno de Biden y señaló que “los distintos acreedores estadounidenses, cuyas acreencias son la mayor parte de los mas/menos $160,000 millones de deuda en mora de la República Bolivariana de Venezuela y Petróleos de Venezuela, además de otras instancias del Estado, han ejercido presión y/o han apelado a la Administración Biden para que se alivien y/o levanten las sanciones secundarias contra Venezuela que impiden se realice el cobro efectivo de las deudas”.

“Eso no ha impedido sin embargo que distintos acreedores hayan emprendido ya la ruta judicial con arbitrajes, vía el CIADIS del Banco Mundial, judicializados y sentencias en curso que permitirán el embargo y subasta judicial de activos venezolanos en los Estados Unidos cuya ejecución efectiva depende de licencias que deberá emitir la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro que en la actualidad impiden la libre disposición de activos embargables fuera del territorio venezolano y que se encuentran, específicamente, en territorio de los Estados Unidos”, puntualizó.

Además, apeló a un elemento clave para la definición futura de estos acuerdos. “Desde los Estados Unidos y desde el ámbito financiero el interés es meramente pragmático, se trata de recuperar la mayor cantidad posible en el valor de la deuda en mora, bien para los bonistas atrapados en la moratoria o los “fondos buitres” buscando el valor máximo en la recuperación de la deuda reestructurada”, resaltó.

Si bien los Estados Unidos guardaba intereses económicos y geopolíticos en las reservas de petróleo venezolanas, la aparición del petróleo de esquisto (el “fracking”), la progresiva eficiencia en el uso de hidrocarburos, la caída en la demanda con oferta sostenida y en crecimiento y la transición energética producto de los Acuerdos de Paris han hecho que el valor geoestratégico de Venezuela haya venido declinando.

En este punto, Gonzales afirmó que “económicamente el potencial energético del país sigue siendo de interés para ciertas compañías petroleras, sin embargo, el deterioro de la infraestructura de la industria en el país y las condiciones de seguridad interna hacen de otros destinos mas atractivos en lo que se refiere al costo/beneficio, riesgo/retorno de explotar petróleo el Venezuela mas aun cuando se toma en cuenta la decreciente rentabilidad de campos petroleros donde el crudo es “pesado y agrio” en el contexto de la transición energética”.

“La llamada “Doctrina Biden” denominada como de “Realismo Pragmático”, que busca incidir en la “Diplomacia Robusta”, lleva a concebir una política exterior norteamericana menos intervencionista que en el pasado”, culminó el operador financiero. Sin embargo, el problema que enfrenta Biden es el costo político ante un tema que se convirtió hace tiempo en un debate doméstico.

Los distintos acreedores estadounidenses han ejercido presión y/o han apelado a la Administración Biden para que se alivien y/o levanten las sanciones secundarias contra Venezuela que impiden se realice el cobro efectivo de las deudas

Fuentes al tanto de estas conversaciones confirmaron a LPO que Maduro está dispuesto a acordar con los tenedores de la Deuda e incluso conversar por nuevo préstamo y que Estados Unidos evalúa ceder en los derechos a giro del FMI lo que sería un reconocimiento indirecto al gobierno de Maduro.

La moneda de cambio de esto sería que la oposición obtenga espacios en el poder judicial-se habla de 10 de los 32 magistrados-, la transparencia de los comicios y el respeto de los lugares que obtenga la Plataforma Unitaria.

Esta misma fuente destacó como figura clave de este proceso a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a quien los fondos de inversión involucrados en este compulsa la consideran “inteligente, racional, influyente y con experiencia”.

Delcy y su hermano Jorge que presidente la Asamblea Nacional y es uno de los interlocutores del Gobierno en la mesa de diálogo en México, vienen sumando poder en el esquema del madurismo de forma acelerada. Tienen la Vicepresidencia, Presidencia de la Asamblea Nacional, la Cancillería y el ministerio de Finanzas, directamente o a través de funcionarios leales.

“Delcy Rodríguez sabe que sin el Fondo Venezuela no sale de la crisis. La clave está en el Articulo IV al que Venezuela tiene derecho y cuyas condiciones serían mucho menor dañinas que el ajusta que ya han vivido. Lo que necesita Venezuela es apoyo en la balanza de pagos que el Fondo puede proveer”, reveló.

La caricatura que han construido sobre Venezuela, a favor y en contra de su régimen, contrasta con el realismo que se puede llegar a ver en los próximos meses.

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